Aproximadamente 100 víctimas, que están debidamente acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP), son escuchadas este fin de semana en el municipio de Granada, al oriente del departamento de Antioquia.
Sus testimonios tienen como objetivo primordial aclarar las 161 ejecuciones extrajudiciales, que se dieron entre los años 2002 y 2003 en esa zona del departamento, de las cuales sería responsable el Ejército Nacional.
Esa época oscura tiene un elemento común que podría resultar clave para descifrar lo sucedido, y es que justamente durante esos años la Cuarta Brigada estuvo bajo el mando del general (r) Mario Montoya Uribe.
Durante las audiencias en la Institución Educativa Jorge Alberto Gómez Gómez, en el municipio de Granada, se han escuchado relatos realmente dolorosos que tienen en común el vil asesinato de decenas de jóvenes entre hombres y mujeres, algunos de los cuales eran menores de edad.
La gran mayoría de ellos se encontraban en sus casas o iban de camino a las fincas del sector para trabajar, cuando de repente fueron interceptados por miembros de la Cuarta Brigada que los acusaban de pertenecer a la guerrilla.
Para sus familiares todos estos sucesos representan una gran carga traumática, ya que a sus seres queridos se les perdía el rastro durante días y aparecían después en una morgue de Medellín señalados de haber sido dados de baja en combate.
Como si fuera poco, se llevaban la desagradable sorpresa de ver los cuerpos de sus parientes vestidos con ropa camuflada; y en algunos casos destrozados por los impactos de fusil o con tiros de gracia.
El nombre del general (r) Mario Montoya ha salido a relucir en 24 de las declaraciones entregadas por los exintegrantes de la Cuarta Brigada, con las cuales se busca la verdad acerca de lo sucedido en esta subregión antioqueña hace más de 20 años.
La magistrada de la JEP Catalina Díaz Gómez, dijo que el municipio de Granada fue un epicentro de los denominados falsos positivos; por lo que las familias de las víctimas de homicidios y desapariciones forzadas que fueron presentadas de manera ilegítima como bajas en combate, demandan que se sepa la verdad.
De acuerdo con la información que maneja la Sala de Reconocimiento de la JEP, entre los años 2002 y 2008 se presentaron en Colombia 6.402 casos relacionados con falsos positivos, de los cuales el 25 % ocurrieron en Antioquia.
De este porcentaje de desapariciones forzosas y falsas bajas en combate que afectaron al departamento, la gran mayoría ocurrieron en la zona oriental, que estaba bajo la jurisdicción de la Cuarta Brigada del Ejército.
Este análisis de cifras muestra conclusiones escalofriantes, como el hecho de que Granada fue el municipio con mayor incidencia de falsos positivos en la subregión del Oriente Antioqueño, que a su vez reúne más casos que algunos de los 10 departamentos de Colombia con peores registros por ejecuciones extrajudiciales.
En la Sala de Reconocimiento de la JEP se tienen documentados varios expedientes, en los cuales se conocen testimonios desgarradores de los habitantes del corregimiento Santa Ana en el municipio de Granada.
Para los moradores de esta zona, al parecer el hecho de cruzarse con los uniformados del Ejército era sinónimo de miedo, ya que podían ser señalados de guerrilleros o colaboradores de los grupos insurgentes; solo porque vivían en veredas como El Morro, Buenos Aires o La Gaviota, entre otras.
Las investigaciones avanzan para saber qué sucedió en esta parte del país, pero no solo entre los años 2002 y 2003, porque el general (r) Mario Montoya Uribe permaneció en Antioquia hasta el 2006, donde se desempeñó primero como comandante de la Cuarta Brigada y luego pasó a estar al frente de la Primera División del Ejército.
Durante este periodo de tiempo, de acuerdo con la información reunida por la JEP, se presentaron al menos 462 casos de personas que fueron asesinadas o desaparecidas de manera forzada, para ser luego presentadas como bajas en combate.