La Comisión de Regulación de Energía y Gas anunció que la solitud que presentó Empresas Públicas de Medellín (EPM) para ampliar el plazo de la inauguración de Hidroituango llegó incompleta. En consecuencia, le pidió más información a la compañía de servicios públicos para definir el futuro del cronograma de la obra.

El documento fue radicado el pasado 10 de noviembre con la firma del gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, referenciando un trámite de urgencia. En cinco párrafos pidió que la entrada en operación de la hidroeléctrica fuera retrasada para no ser penalizados con más de 190 millones de dólares por incumplir con los acuerdos de confiabilidad.

Es decir, que la Comisión desbloqué el 30 de noviembre como fecha máxima en la que Hidroituango debe encender las dos primeras unidades de generación de energía. Carrillo argumentó que la medida tendría que aplicarse a razón de que son escenarios externos al proyecto los que obligarían a un incumplimiento en la inauguración de la hidroeléctrica.

Él expuso en un archivo de dos páginas y cuatro anexos que la mitigación del riesgo de las comunidades que están ubicadas aguas abajo sería la piedra en el zapato para cumplir el objetivo que alcanzaron en 2019 y que fue prolongado en 2021, minado por millonarias sanciones en dado caso de que no se alcance por parte de Empresas Públicas de Medellín.

Ahora bien, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, indicó que la solicitud que envió Empresas Públicas de Medellín fue tramitada con celeridad. Tuvieron que pasar cuatro días para que los comisionados se reunieran en pleno para analizar la petición. Sin embargo, en el encuentro no hubo conclusiones porque faltaron argumentos para resolverla.

“Se afirma que puede ser previsible un aplazamiento de ese cronograma, la Creg actuó de manera inmediata. Se estableció que necesitábamos una comunicación devuelta a EPM para que se explique en mayor detalle cuál es el requerimiento y con qué sustento se está realizaron dicho requerimiento”, dijo la funcionaria del Gobierno Nacional.

Mientras que el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, José Fernando Prada, reveló que en el documento que compartió Empresas Públicas de Medellín faltó información por lo que están esperando que las preguntas sean resueltas para definir la solicitud de aplazamiento de la entrada en operación de Hidroituango.

“Diligentemente examinamos esa solicitud en el seno de la Comisión. La Comisión encontró que la solicitud no estaba completa, que faltaba información para que nosotros pudiéramos hacer una evaluación integral de la misma. Lo que acordó la Comisión fue solicitar a la empresa que completara la información”, indicó el director.

La posición de la Creg fue comunicada informalmente al gerente de la compañía de servicios públicos en la mañana de este miércoles en la Comisión Quinta del Senado. En ese encuentro se anunció que el documento oficial llegaría esta tarde a las oficinas de Empresas Públicas de Medellín para que le dé solución a las nuevas peticiones.

Frente al panorama que mostró el director ejecutivo de la Comisión, Jorge Andrés Carrillo respondió que no es cierto que la información haya sido enviada incompleta y que se está estudiando la solicitud que extendió el pasado 10 de noviembre pidiendo más plazo para esquivar las millonarias sanciones que lo esperarían al inicio de diciembre de 2022.

Se aclaró que esta es la tercera ocasión en la que se toca el acuerdo de confiabilidad en la hidroeléctrica que se está construyendo en Antioquia. En 2008 se firmó la iniciativa para prender cuatro turbinas en 2018; en 2012 se pidió ampliar el plazo hasta 2021; mientras que en 2019 se fijó entrar en operación en 2022 con dos unidades de generación.