El Tribunal Administrativo de Antioquia falló a favor de Empresas Públicas de Medellín por la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) por una millonaria multa que le impuso.
La determinación de primera instancia tiene relación con la sanción por irregularidades en la construcción de las obras del sistema auxiliar de desviación del proyecto de generación de energía de Hidroituango, ubicado sobre el río Cauca, en el norte del departamento.
Se declararon nulos los actos administrativos donde se obligó a la compañía de servicios públicos a cancelar una cifra cercana a los 6.855 millones de pesos por las faltas que cometió. Además, se ordenaron otras disposiciones a favor de Empresas Públicas.
Así se resumió en un comunicado de prensa este viernes: “El fallo dispone que la Anla debe informar de esta sentencia a Corantioquia y a la Fiscalía General de la Nación y eliminar la inscripción de la sanción del Registro Único de Infractores Ambientales”.
Según el material probatorio que fue recaudo en medio de la disputa legal, el Tribunal Administrativo de Antioquia aseguró que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no permitió que EPM realizara su debida defensa en el marco del procedimiento.
Se tuvo presente que, cuando se adelantó la medida sancionatoria, no trasladó de manera oportuna las pruebas que decretó con posterioridad a la formulación de cargos. Bajo este escenario, no pudieron ser controvertidas adecuada por la organización paisa.
Esta decisión es de primera instancia y la Anla tiene la posibilidad de presentar recursos de apelación ante el Consejo de Estado para que revise la decisión en un segundo lugar, lo que tomará un tiempo de análisis y debate que promete alargar la resolución definitiva.
Pero no será la única discusión. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) impuso una millonaria multa contra la Sociedad Hidroituango por irregularidades contra la naturaleza cometidas en la edificación de la hidroeléctrica que promete entregarle al país el 17 % de su energía.
Así lo detalló Empresas Públicas de Medellín (EPM) en un boletín que presentó en la información relevante de la Superintendencia Financiera el pasado miércoles 5 de abril. La sanción responde a un proceso de largo aliento que evaluó la gestión del proyecto.
Aunque se conocen pocos detalles de la determinación, la compañía de servicios públicos aclaró que el 3 de abril fue notificada de la sanción que suma $1.408.123.266. La entidad la encontró responsable de afectar varios cauces de la subregión del norte de Antioquia.
Por ocupar el cauce de la quebrada Tamara, sustituir los puentes La Mona y El Atraso para reemplazarlos con dos “box culverts”. Además, por realizar vertimientos de aguas residuales a un campo de infiltración provenientes del campamento de El Ciruelar.
Todo esto sin informar y obtener el visto bueno de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Frente a este escenario, deberá entregar los más de mil millones de pesos. La sanción le llegó a EPM por ser la responsable del proyecto de generación de energía.
Este escenario se planteó desde el 21 de enero de 2019 cuando la entidad puso oficialmente la lupa sobre las entonces supuestas irregularidades. Ese mismo año también recibió otra sanción por $4.305 millones a raíz de la obstrucción de la quebrada El Tenche.
Frente a esta última decisión, Empresas Públicas de Medellín no se quedará maniatada. La compañía le advirtió a la Superintendencia que hará uso de los recursos que tenga a disposición para reprochar la multa que le impuso la Autoridad Ambiental este 3 de abril.
Así se lee en el comunicado que se divulgó este miércoles en la capital de Antioquia: “En contra de la resolución en mención se interpondrá el recurso administrativo y las acciones judiciales que fueren necesarias”, agregó EPM como representante de Hidroituango.