Empresas Públicas de Medellín (EPM) aseguró en la mañana de este viernes que las dos primeras turbinas de generación de Hidroituango se encenderían antes del 30 de noviembre, cumpliendo así las obligaciones que adquirió con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Con base en esto, no tendrían que asumir las multas millonarias.

En dado caso de que las pruebas técnicas que se están realizando en este momento no alerten sobre riesgos en la hidroeléctrica, la unidad número uno se podría inaugurar el 15 de noviembre. Mientras que diez días después se prendería la siguiente para empezar a aportar el 17 por ciento de la demanda nacional de energía con el agua del río Cauca.

Estos objetivos solo los frenaría un resultado negativo que encuentren los ingenieros en las máquinas durante las próximas semanas. La compañía de servicios públicos no está dispuesta a correr con emergencias dentro de la obra, ni mucho menos con las comunidades que están aguas abajo del proyecto por acelerar el funcionamiento.

“Esperamos que todas las pruebas salgan bien. Si hay alguna prueba que nos dé una señal de riesgo, así nos demoremos, nos vamos a demorar, porque no vamos a poner a nadie en riesgo. No se va a poner en riesgo una sola vida por estar corriendo”, afirmó el gerente general de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Andrés Carrillo Cardoso.

Para hacer los exámenes adicionales sobre la maquinaria no se requieren permisos de ninguna institución. La compañía que desarrolla el proyecto está en la autonomía de tomar las decisiones que le convengan con el fin de tener el control de Hidroituango. Sin embargo, las voces de respaldo de varias entidades han tomado fuerza esta semana.

Una de ellas es la Procuraduría. A través de un documento dirigido a los líderes que gestionan el riesgo dio cuenta de la importancia de entrar en operación cuando las condiciones técnicas estén dadas. En ese fragmento, se apela a las pruebas adicionales planteadas por los expertos que podrían retrasar la inauguración de la hidroeléctrica.

Aunque el alcalde Daniel Quintero señaló que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) podría tomar partido sobre las determinaciones del proyecto al ordenar nuevos experimentos, esta organización de socorro respondió que no tiene un papel decisorio dentro del proyecto porque le corresponde exclusivamente a EPM.

La UNGRD tiene la obligación de preparar a las poblaciones que están en las inmediaciones de Hidroituango ante las emergencias que se podrían presentar. El escenario más riesgoso es el incremento del nivel del río Cauca y las constantes precipitaciones que se mantienen en la zona. Por eso se realizará un simulacro.

“Tenemos que actuar bajo el principio de precaución y si hay indicios que existen riesgos. Como Gobierno nacional, pedimos a las autoridades territoriales tomar medidas para proteger a las comunidades aguas abajo de Hidroituango”, dijo el líder de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pavas Sánchez.

La emergencia que inició el 28 de abril de 2018 en Hidroituango puso en aprietos a EPM, no solo porque esta hidroeléctrica va a generar el 17 % de la energía que se consume en Colombia y la amenaza de una emergencia catastrófica en el río Cauca, sino porque volver a encauzar el proyecto ha significado sobrecostos por $ 6,2 billones.

Inicialmente, la inversión estimada para construir Hidroituango era de $ 11,4 billones, pero ahora su costo va en $ 17,6 billones. Incluso, llegó a ser de $ 18,3 billones, pero bajó porque las aseguradoras del proyecto hicieron pagos adicionales por $ 2,9 billones, que permitieron tener una disminución de $ 661.000 millones en los costos.