Un capitán activo de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional fue enviado a la cárcel por exigir presuntas coimas a privados de la libertad en la ciudad de Medellín. La Fiscalía General de la Nación tiene la lupa puesta sobre el proceso.
En el expediente se lee que el funcionario, identificado como Óscar Iván Guaque Herrera, habría pedido dinero a tres hombres presos a cambio de no ser trasladados a celdas por fuera del área metropolitana del Valle de Aburrá.
Los hechos se habrían presentado entre el 2 de septiembre y el 28 de octubre del año pasado en las instalaciones de la unidad militar, donde el capitán era el encargado de conseguir los cupos ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Según la información recopilada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), “el 2 y el 7 de septiembre y el 28 de octubre, el capitán habría abordado a tres hombres en sus celdas y les habría exigido 5, 6 y 4 millones de pesos”.
Él les habría advertido que, una vez suministraran la plata, podían evitar ser enviados a cárceles alejadas de Medellín y frustrar una posible extradición. En medio de toda esta escena, habría recolectado hasta cuatro millones de pesos.
Óscar Iván Guaque Herrera fue capturado en las últimas horas por agentes del CTI en coordinación con el Ejército Nacional. En las primeras audiencias, él desconoció las posibles responsabilidades en el delito de concusión agravada.
Por otro lado, con el paso de las horas crece el escándalo que sacude al jefe de Planeación y Políticas del Ejército, el general Olveiro Pérez, quien es señalado por varios militares que hacían parte de su esquema de seguridad de utilizarlos para tareas domésticas y no para temas propios de militares.
SEMANA habló en exclusiva con uno de los militares, quien aseguró que fue testigo directo de las órdenes que le daba la esposa del general, la señora Patricia, a los soldados profesionales para que lavaran la ropa, barrieran la casa y asumieran los trabajos domésticos del hogar del general Pérez.
“Por dar esta entrevista temo por mi vida, porque el general es muy rencoroso en estos temas”, aclara el militar, quien en el Ejército se desempeñó como soldado profesional y hoy, a raíz de esta situación, se encuentra en Bogotá a la espera de nuevas órdenes y con miedo de ser enviado a una zona de guerra como represalia por haber hecho la denuncia.
En su relato a SEMANA, el militar reveló que la esposa del general para el momento que él estuvo tenía un esquema de seguridad bastante nutrido: eran cinco soldados profesionales los que estaban al servicio de ella. Militares con experiencia de 10 años en el campo de guerra y que ahora habían sido reducidos a ejercer labores domésticas.
“Si los compañeros no cumplían con las órdenes de la doctora Patricia, de lavar la ropa, barrer, hacer aseo, eran amenazados constantemente que los iban a trasladar a Segovia, Antioquia, que en ese momento vivía una situación compleja de orden público”, relató el uniformado.
“Yo me fui dando de cuenta sobre lo que pasaba en el esquema (de seguridad de la esposa del general), a los que estaban en la casa no los dejaban hablar con los otros escoltas, los ponían a barrer, a trapear, a lavar ropa, a cocinar y a hacer un trastero; quien los ponía en esas tareas era la esposa de mi general y si ellos no lo hacían, los amenazaba con trasladarlos a Segovia, Antioquia. Les decía: toca ponerlos a patrullar”, agregó el militar.
Tras las graves acusaciones que enredan al general Pérez, con el presunto manejo indebido que le estaba dando a su esquema de seguridad, el comandante del Ejército, el general Emilio Cardozo, le dijo a SEMANA que se abrió la respectiva investigación interna.