La Personería de la capital de Antioquia encendió las alarmas por las supuestas vulneraciones a las que estarían expuestos los beneficiarios de los créditos de educación superior, quienes se financian con recursos del distrito.
Al parecer, las violaciones estarían siendo emitidas por algunos líderes comunales a la hora de avalar las horas del servicio social, reglamentado como compensación por el apoyo económico que reciben para completar sus clases.
Al menos 50 denuncias que reposan en el Ministerio Público darían cuenta de la situación. Según las víctimas, en algunos casos los delegados les estarían solicitando favores sexuales y financieros para avalar el cumplimiento del requisito.
Los supuestos infractores tienen la obligación, por disposición de la Alcaldía, de darle el visto bueno a las actividades comunitarias que hacen en el territorio para poder mantener activa la beca.
Esto se aplica cuando el origen de financiación de los créditos son los recursos del Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Así quedó reseñado en el Decreto 23 de 2023: “El servicio social debe prestarse dentro de la comuna o corregimiento y uno de los líderes de la Junta de Administradora Local (JAL) es quien debe avalar con su firma el certificado del servicio prestado por el beneficiario”.
A juicio de la Personería, estarían “atentando contra la integridad, la honra y el buen nombre de estas personas”. Este no sería un escenario reciente dado que desde 2021 se están recibiendo las mismas críticas y no se habrían tomado las medidas para proteger a los alumnos.
“Esta agencia del Ministerio Público ha venido realizando seguimiento a esta situación, solicitando información desde el año 2021 sobre las medidas que se han adelantado por parte de Sapiencia, pero a la fecha no se han tomado acciones efectivas para corregir dicha problemática”, señaló la entidad.
Sapiencia es la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín que tiene a cargo la administración de las becas. A raíz de este suceso, a los directivos se les pidió revisar con lupa el decreto que regula los créditos para que se habiliten otros métodos de certificación del servicio social.
Principalmente, las denuncias han llegado de las comunas de Santa Cruz y San Javier, cuyos relatos también fueron compartidos con la Procuraduría General de la Nación para que avancen en las investigaciones y puedan identificar a los responsables de estas conductas.
La Alcaldía de Medellín no desconoció este escenario y admitió que está informada de las preocupaciones de algunos estudiantes. El secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez, dijo que los hechos no son nuevos y que, de manera reiterada, escuchan las narraciones.
“Es un tema que es muy grave. No es por desconocer la gravedad, pero es un tema que no es nuevo en la ciudad. Como líder social y comunitario, reiteradamente hemos escuchado, tanto en otros momentos, como actualmente cuando se plantea la denuncia”, manifestó el funcionario.
Finalmente, el Ministerio Público sospecha que hay un subregistro en las denuncias y espera que más personas se atrevan a alertar a razón de que tendrían miedo a alzar la mano por el temor a represalias.
“Esta agencia del Ministerio Público seguirá velando por la garantía de los derechos de los jóvenes, quienes deben tener una educación superior digna”, concluyó la Personería de Medellín e insistió en la necesidad de profundizar sobre el fenómeno que, según el material recopilado, se podría configurar en una violación de los derechos de los beneficiarios del servicio.
Mientras que los ediles que fueron nombrados respondieron a medios locales que están dispuestos a responder por las alertas y pidieron activar los protocolos para identificar en cuál punto se estarían emitiendo las exigencias sexuales y económicas.