Fuentes judiciales le suministraron a SEMANA las primeras conclusiones que presentó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sobre la muerte de un sacerdote en un bar de Medellín. Los resultados iniciales nadarían en contra de las sospechas.
La víctima fue identificada como Javier Eduardo González Pertuz. Su cadáver ingresó a las instalaciones de esta unidad el sábado 4 de febrero, luego de que las autoridades lo recogieran sin signos vitales de una discoteca, ubicada en el barrio Laureles.
Su nombre fue un misterio hasta la tarde de ese día, ya que en sus bolsillos no portaba documentos ni un teléfono que diera cuenta de su vida. Tras la verificación de sus huellas, se confirmó su historia: un religioso adscrito a la Arquidiócesis de la capital de Antioquia.
Rápidamente se abrió una investigación en la Fiscalía General de la Nación que empezó a dibujar la línea de tiempo de la situación. González Pertuz llegó al establecimiento comercial solo y, varios minutos después, un hombre arribó al sector para compartir con él.
Esta persona le habría arrebatado sus pertenencias y, después, huyó del lugar. Han pasado seis días desde fallecimiento y este sujeto no se ha presentado ante las autoridades para rendir declaraciones sobre el incidente que conmocionó al país este fin de semana.
Los testigos del hecho informaron que el cuerpo del sacerdote quedó tendido sobre la mesa como si fuera cualquier borracho, pero nunca creyeron que estaba muerto. En el momento en que iban a cerrar las puertas, le llamaron la atención para que se levantara.
Sin embargo, no reaccionó a las peticiones. De inmediato llamaron a la Policía Nacional y se confirmó la muerte. Cuando la noticia se hizo pública, se anticipó que su deceso podría estar relacionado con una sobredosis de escopolamina o cualquier sustancia tóxica.
Las miradas se fijaron sobre el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Medellín. Los investigadores tenían el reto de averiguar las causas reales del fallecimiento, mientras en las redes sociales se mantenía la presión para descifrar el incidente.
En las últimas horas, médicos forenses le hicieron llegar a la Fiscalía General de la Nación los primeros hallazgos. Se empezó diciendo que le practicaron diez exámenes y ninguno mostró anomalías. Es decir, la muerte del sacerdote González Pertuz fue natural.
A raíz de que el caso ha sido mediático en la opinión pública, las personas que tienen la lupa sobre el hecho tomaron la decisión de remitir las muestras hacia la ciudad de Bogotá para tener una segunda lectura, con el propósito de no correr riesgos.
La conclusión que toma más fuerza entre los científicos de Medicina Legal que analizaron el cuerpo es que un infarto le habría cobrado la vida al sacerdote que, entretanto, cumplía funciones de formación a los futuros curas en el Seminario Misionero San José.
Mientras llegan los otros resultados al Cuerpo Técnico de Investigación, con el registro de las cámaras de seguridad que están instaladas a lo largo y ancho de la ciudad se está tratando de ubicar a la persona que lo estaba acompañando para que rinda indagatoria.
Aunque ya hay más luz frente a la oscuridad que se encontró en la madrugada de ese sábado, se tiene certeza de que sí fue robado. De acuerdo con las investigaciones reveladas por la Policía Nacional, lo acompañaba una billetera, un celular y un reloj.
“Esperaríamos que, una vez se tenga claridad de cuál fue la causa de la muerte, podamos avanzar en la investigación. De la primera información, posiblemente sí hay un hurto de unas pertenencias”, dijo el comandante encargado de la institución, coronel José Miranda.
Por otro lado, un juez envió a la cárcel a un religioso de 43 años que abusó sexualmente de un menor de edad mientras estaba matriculado en un internado del municipio de la Estrella, población del sur del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Así lo señaló la Fiscalía General de la Nación en medio de un proceso penal que inició en 2020 luego de la denuncia de la familia.
El material probatorio da cuenta de que el seminarista, oriundo de Guatemala, cometió los delitos entre julio y agosto de ese mismo año, época en que el mundo estaba confinado por la alta presión que hubo en los sistemas de salud por cuenta de la pandemia de covid-19. Ante la soledad del momento, violentó a un niño de 12 años.
“Las evidencias recaudadas dan cuenta de que Gutiérrez Galicia aprovechó su condición de seminarista y formador para ingresar al dormitorio de la víctima y cometer actos contra la formación e integridad sexual del menor de edad”, reveló el director de la Fiscalía en Antioquia, Ricardo Romero Moreno.
Luego de evaluar las pruebas que aportó el ente de acusación, un juez penal del circuito de Itagüí condenó al religioso a nueve años y dos meses de prisión al ciudadano guatemalteco que, de momento, no se ha dado claridad si cumplirá su pena en los centros carcelarios de Colombia o su país de origen.
Lo establecido es que podrá refutar los argumentos que llevaron al juzgado a tomar la decisión, dado que la medida es de primera instancia, él podrá hacer uso de los recursos disponibles en la ley.
Con base en las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la capital de Antioquia se han atentado cerca de 480 denuncias por presuntos delitos sexuales, cifra que relaciona el primer semestre de 2022. Entre las víctimas hay adultos mayores y menores de edad, donde las mujeres son las más afectadas.