La Sociedad de Activos Especiales (SAE) confirmó que el excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga, había ocupado ilegalmente junto a su familia en diciembre de 2022, un predio con medida de extinción de dominio.
Por lo anterior, el Juzgado 35 civil del circuito de Bogotá negó una acción de tutela interpuesta por la esposa de Zuluaga, la cual buscaba detener el desalojo de la lujosa mansión que estaban ocupando. En la tutela se pedía el derecho a una vivienda digna para sus dos hijas menores de edad.
“(…) Se ordena a la Sociedad de Activos Especiales SAE abstenerse de llevar a cabo cualquier clase de diligencia de desalojo, es decir, suspender la Resolución 158 de 2023, respecto al inmueble que actualmente ocupan como domicilio mis hijas, a efecto de no hacer nugatorio el derecho 2 fundamental a una vivienda digna y a las posibilidades de tener su debida alimentación, su educación y su salud (…)”
“(…) Que en virtud de lo anterior se ordene a la SAE, como entidad administradora del bien inmueble identificado con la Matrícula Inmobiliaria 001-539781, QUE SE ME PERMITA EL USO Y GOCE DEL MISMO, es decir, el mero uso de la vivienda, para la protección del derecho a la vivienda digna y de los derechos constitucionales de mis hijas menores, mientras se desarrolla la investigación y decisión del proceso de extinción de dominio, y para que de esta manera cese de manera se permita el sano ejercicio de los derechos fundamentales: DERECHO A LA VIDA DIGNA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y A LA IGUALDAD (…)”
Mientras que el gerente regional de occidente de la SAE le contó a Blu Radio: “Nosotros contestamos la acción de tutela, argumentando que ellos tenían capacidad económica porque aparecían en bases de datos de seguridad social como personas cotizantes al régimen de seguridad social, han tenido contratos con la administración pública y hay suficiente oferta institucional de la Alcaldía y el ICBF para atender a sus hijos si quedaban en condición de calle”.
Cabe recordar que el 18 de agosto de 2019, Sergio Zuluaga fue capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales en lo penal, ante el Juzgado 42 Penal Municipal de Medellín con Función de Control de Garantías, quien ordenó su libertad tras ser imputado de delitos contra el patrimonio público y concierto para delinquir.
“A la par del trámite judicial criminal que se sigue contra Sergio Zuluaga, se dio curso a la acción de extinción de dominio sobre los bienes del imputado, que conoce y adelanta la Fiscalía Sesenta y Cinco (65) Especializada de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio bajo el radicado N.º 2019 – 00 – 0163″, detalla la tutela.
Asimismo, asegura que en curso del trámite de extinción de dominio, “se dispuso el embargo y secuestro del inmueble ubicado en la carrera 25 No. 10B 320, interior 118, identificado con matrícula inmobiliaria 001-539781, de la ORIP de Medellín – Sur, el que se llevó a cabo el 22 de agosto de 2019″.
Agregó que: “el señalado predio es único propiedad de las accionantes y los destinan para vivienda familiar. La casa se adquirió gracias a los ahorros, cesantías y salarios como profesionales durante muchos años de trabajo de los cónyuges. Adicionalmente, por medio de créditos bancarios y laborales fue adquirido en el año 2016, antes de la fecha de los hechos investigados, ocurridos entre el 2018 y 2019″.
En el documento también se lee que en el momento en que la Fiscalía 65 Especializada en Extinción de Dominio puso a disposición de la SAE el inmueble, estaba alquilado y, el producto de ese alquiler representaba el único sustento de la familia, dado que para esa fecha residía en la ciudad de Cartagena.
“Al dejar de percibir este ingreso la situación económica de la familia se torna completamente vulnerable, pues, en dicha ciudad no tenían fuentes de ingreso estables, ni lograron conseguir trabajo, lo que se agravó con la pandemia y los obligó a volver a habitar dicho inmueble”.