La Procuraduría formuló cargos contra el exalcalde de Sonsón, Antioquia, Dioselio Bedoya López (2012-2015), por supuestas irregularidades en la contratación a dedo para la construcción de seis viviendas de interés social en el barrio Buenos Aires y para algunas remodelaciones en el coliseo municipal.
La decisión también involucró al exsecretario de Obras Públicas, Juan Carlos Restrepo Cardona, señalado por suscribir el estudio de conveniencia y oportunidad del negocio jurídico suscrito para edificar las seis viviendas de interés social en el barrio Buenos Aires.
Este ente de control aseguró que tiene pruebas de las contrataciones directas de prestación de servicios, cuando por su naturaleza y cuantía debieron llevarse a cabo a través de selecciones abreviadas de menor cuantía.
Para el Ministerio Público Bedoya López y Restrepo Cardona habrían omitido su deber de verificar el cumplimiento de los requisitos obligatorios establecidos para la escogencia de la modalidad de contratación en cualquier negocio jurídico estatal.
Con esta supuesta conducta, los implicados pudieron desconocer los principios de transparencia y selección objetiva, establecidos en el estatuto contractual. Provisionalmente, las faltas de los investigados fueron calificadas por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Rionegro como gravísimas.
Los exfuncionarios podrán presentar su versión acerca de los hechos objeto de investigación y/o solicitar o aportar las pruebas que consideren necesarias para su defensa.
Otro caso: Quintero acusó a la Procuraduría de una persecución en su contra
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, afirmó a través de su cuenta de Twitter que tiene las pruebas necesarias que demuestran que la Procuraduría General de la Nación ha ordenado una persecución en su contra, las cuales, según el mandatario, deben ser estudiadas por organismos internacionales.
Todo esto comenzó con unos supuestos correos que habrían salido de la cuenta de Angy Plata Álvarez, procuradora regional de Antioquia, dados a conocer por el activista político Beto Coral. Se trata de algunas investigaciones en contra de Quintero, como el viaje que realizó el mandatario a Barranquilla para ver un partido de la Selección.
Según Quintero, se ha observado un entramado en el que funcionarios de nivel directivo le ordenan a sus subalternos impulsar procesos en contra de su administración. “Esta es la misma Procuraduría que contraviniendo la Convención Interamericana de Derechos Humanos nos suspendió hace unos meses, que ha iniciado más de 56 procesos en nuestra contra en el proceso de persecución más intenso que haya vivido un alcalde en la historia del país”, aseguró Quintero.
Otros de los procesos contra el mandatario incluyen una revisión ante una posible falta disciplinaria y el entonces gerente de EPM, Alejandro Calderón. “Los entes de control como la Procuraduría no pueden convertirse en instrumentos del uribismo para perseguir a líderes alternativos que hemos luchado contra la impunidad. Llevaremos estas nuevas pruebas de persecución ante organismos internacionales”, puntualizó Quintero.
Este anuncio generó todo tipo de reacciones en redes sociales, unas de apoyo y otras en contra del mandatario, que lo acusan de mil cosas desde que está al mando de la capital antioqueña. Por ejemplo, el diputado Luis Peláez escribió lo siguiente en Twitter: “Actualmente no tienes ningún proceso en la Comisión Interamericana. @CIDH ¡No es persecución, es control político! Más de 400 pruebas y un proceso en marcha. De las 70 tutelas que pusiste las perdiste todas en primera y segunda instancia. ¡Hasta la súplica, la perdiste!”, señaló.
La Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Administrativa abrió la investigación por haber publicado, supuestamente, de manera extemporánea la declaración de renta y complementarios para el año 2019, según quedó reflejado en auto del Ministerio Público.
Al parecer, el mandatario del distrito habría actuado “desatendiendo los términos establecidos en el artículo 3 de la ley 2013 de 2019″, que regula la actualización de la declaración de renta y conflicto de intereses por un funcionario público cada año.