Migración Colombia inadmitió a un ciudadano estadounidense que pretendía ingresar al país por el aeropuerto internacional José María Córdova del municipio de Rionegro. En menos de una semana, ya son dos los extranjeros expulsados del territorio nacional.
Este hombre carga con una alerta por posible agresión sexual emitida por el gobierno norteamericano. Para mitigar riesgos en Antioquia, las autoridades tomaron la decisión de cerrarle las puertas del país una vez pasó por los filtros de seguridad.
El alcalde Federico Gutiérrez reveló que el nombre de este sujeto figura en la lista Angel Watch, una base de datos donde clasifican prontuarios de presuntos depredadores o abusadores sexuales que puedan causar estragos en el mundo.
“Con estas acciones también estamos luchando contra la explotación sexual y protegiendo a nuestra niñez. Seguimos diciendo: ni lo intentes, es un delito”, manifestó el mandatario distrital una vez se confirmó la inadmisión.
Migración Colombia reconoció que, gracias a este documento de Estados Unidos, en el año 2023 se lograron identificar a 19 viajeros con un perfil criminal relacionado con delitos sexuales y así se tomaron las actuaciones legales correspondientes.
El 16 de mayo también fue expulsado del país un australiano, identificado como Charlie Hardy, por petición de la Alcaldía de Medellín. Según el expediente, él había vulnerado las normas restrictivas contra la explotación sexual.
Al parecer, fue sorprendido por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el momento en que solicitaba servicios sexuales en el Parque Lleras, pese al decreto que prohíbe esta actividad en la comuna de El Poblado.
“Esa persona al llegar a Santa Marta, hace el registro en el hotel y llega Migración al hotel y es expulsada del país. Nosotros venimos dando una batalla muy dura”, manifestó el alcalde de la capital de Antioquia, Federico Gutiérrez.
Las alertas siguen encendidas, pues información de inteligencia de Colombia y Estados Unidos advierte que hay hombres que aterrizan en Medellín para explotar sexualmente a personas, bajo una milimétrica coordinación de bandas locales.
Tal como lo ha documentado SEMANA, los sujetos son contactados por proxenetas nacionales que ofrecen los cuerpos de niñas y niños para ser abusados, con el fin de recibir dinero a cambio por las vulneraciones de los menores de edad.
Solo en la comuna de El Poblado, las autoridades tienen claro que cuatro organizaciones delincuenciales son las que tienen el control del fenómeno criminal, constituidas como redes de trata de personas, tal como están en Cartagena.
La Policía, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín están en una guerra sin tregua para debilitarlas. En efecto, se emitió un decreto que prohíbe la demanda de servicios sexuales en esa comuna por seis meses consecutivos para frenar la explotación.