El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, reaccionó ante el proceso penal que abrió la Fiscalía contra dos exmandatarios de Antioquia y exempleados de EPM investigados por presuntos manejos irregulares en los procesos de contratación del megaproyecto de Hidroituango.

En su cuenta de Twitter replicó los cargos que le sumó el ente de acusación al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, que figuró entre 2008 y 2012 como representante de las acciones mayoritarias que el departamento tiene en la hidroeléctrica que promete dar el 17 % de la energía nacional.

De igual manera, en la investigación aparece al exalcalde de Medellín, Fabio Alonso Salazar Jaramillo, quien estuvo dirigiendo la junta directiva de EPM durante cuatro años, desde el primero de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011.

También deberán dar cuenta de los señalamientos el exgerente general de las Empresas Públicas de Medellín, Federico José Restrepo Posada, y el exgerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), Álvaro de Jesús Vásquez Osorio. Otras cinco personas harán lo mismo.

A juicio de Daniel Quintero, la imputación de los delitos por irregularidades en las contrataciones llevó al proyecto de energía a tener saldos negativos en sus finanzas. Al parecer, según la Fiscalía, buena parte de los supuestos malos manejos se habrían coordinado desde las instalaciones de EPM.

“Fiscalía imputa como responsables por el delito de interés indebido en la celebración del contrato de Hidroituango donde se perdieron billones de pesos a Luis Alfredo Ramos, Alonso Salazar, Álvaro Vásquez, Federico Restrepo. Y faltan más”, señaló el mandatario local.

Agregó que los políticos del Antioquia se habrían unido para que los contratistas y políticos esquivaran las investigaciones por las irregularidades que, de acuerdo con las autoridades judiciales, habrían cometido.

Desde que llegó al cargo, Daniel Quintero ha tachado de corruptos a las personas que estuvieron inmersas en las diferentes etapas de gestión de Hidroituango. En medio de una de las confrontaciones públicas, el alcalde puso en tela de juicio la calidad de los materiales que los contratistas utilizaron para edificar la presa.

Sin embargo, los abogados del consorcio CCC Ituango, vocero de las empresas Conconcreto, Coninsa y Camargo Correa, organizaciones que adelantan la obra, rechazaron las acusaciones que fueron asociadas por Quintero Calle con los problemas técnicos que hoy tiene el proyecto y que, en 2018, pusieron a tambalear la hidroeléctrica.

Precisamente, las obras extras que las constructoras adelantaron para mitigar el riesgo son motivo de cuestionamientos en una unidad de investigación de la Fiscalía. En especial, la construcción del sistema auxiliar de desviación del río Cauca y la edificación de un tercer túnel o galería auxiliar.

Ese proceso de contratación, que estuvo avaluado en más de 127 mil millones de pesos, se realizó mediante modificaciones al contrato original en 2015, sin contar con los estudios geológicos suficientes y adecuados. Además, de acuerdo con la Fiscalía, no estaba definido el diseño ni se tenía la modificación de la licencia ambiental para operar.

Por otro lado, el exgobernador y el exalcalde deberán responder por una actuación que habría tenido lugar el 30 de marzo de 2011, cuando se negoció directamente con EPM -y no con otros oferentes- el acuerdo de construcción de la generadora de energía Pescadero–Ituango.

A juicio de los investigadores de la Fiscalía, “esta actuación habría vulnerado principios esenciales de la contratación pública previstos en la Constitución y diferentes normas”, se lee en el archivo que conoció SEMANA.

Otras dos personas estarán en la obligación de argumentar su papel en supuestas inconsistencias que aparecen en la gestión de la licencia ambiental para la construcción del túnel de desviación temporal del río Cauca: Jesús Ignacio Echavarría Mejía, apoderado de Hidroituango ante la ANLA, y Hernán Sánchez Cruz, profesional de la Dirección Ambiental Social y Sostenibilidad del Proyecto Ituango.