El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó este lunes las pruebas que demostrarían que en la administración del exalcalde Daniel Quintero se habrían presentado hechos de supuesta corrupción.
El mandatario precisó que, hasta el momento, luego de la auditoría forense, se han encontrado 501 hechos de presunta corrupción. “Ya están en conocimiento de las autoridades competentes. Estos hallazgos los hemos detectado en estos primeros dos meses de gobierno, al tiempo que gobernamos, ponemos la casa en orden”, dijo el mandatario.
Asimismo, el alcalde Gutiérrez precisó que “recibieron una casa incinerada, vandalizada y saqueada”. “Todos los hallazgos son importantes, pero hoy vamos a dar detalles de solo algunos de ellos”.
Todos los 501 hallazgos fueron entregados a los órganos de control, destacando que 262 están en poder de la Procuraduría General y Personería de Medellín; 156 están en manos de la Contraloría General, y 83, en la Fiscalía.
Los hallazgos
Uno de los primeros hallazgos en ser mencionados por el alcalde Fico Gutiérrez fue denominado “Computadores sin futuro”, el cual presuntamente fue fraudulento y lleno de irregularidades. “Hubo modificaciones en las especificaciones técnicas del producto, después de ser adjudicado, presunta celebración indebida de contratos, presunto favorecimiento a una empresa oferente, presuntos sobrecostos por cerca de 38.000 millones de pesos, y no menos grave, un presunto peculado a favor de terceros. Durante el proceso se evidenció que la empresa oferente, que era la primera opción, no iba a cumplir con el precio que había ofrecido, pues estaba muy por debajo del precio del mercado. Conscientes de eso, deciden retirarse del proceso, y el contrato se adjudica al segundo oferente”, explicó el mandatario.
De igual manera, señaló que el contrato inició con 80 mil millones de pesos y finalizó con un valor de 118 mil millones de pesos, un aproximado de 38.000 millones de pesos en sobrecostos. El alcalde denunció que sin importar las irregularidades, los Computadores Futuro se distribuyeron y más de 9.000 de ellos fueron entregados como incentivo, lo que sería un presunto peculado en favor de terceros, una práctica sin sustento legal porque nuestra Constitución prohíbe la donación por parte de entidades públicas a particulares.
“Es un lástima que un programa que podría impactar de manera positiva, terminara aparentemente siendo uno de los casos de mayor corrupción”, dijo el mandatario local.
Presupuesto Participativo
“Lo que ocurrió con el Presupuesto Participativo de nuestra ciudad es escandaloso”, dijo Gutiérrez. Entre las irregularidades y presuntos hechos de corrupción del programa se logra identificar la suplantación de ciudadanos en las votaciones del Presupuesto Participativo.
Es decir, durante la administración anterior se habrían utilizado datos personales sin autorización en las votaciones virtuales, presuntamente, con el propósito de direccionar los recursos hacia proyectos y programas específicos.
“Aquí se puede ver cómo la Fiscalía, durante el ejercicio de la investigación, ha requerido pruebas sobre este hecho. Nosotros ya las entregamos: de hecho, hay testigos y denunciantes que afirman que aparecen como votantes del PP cuando ni siquiera votaron. Lo más grave, sin embargo, es que se evidenció un presunto carrusel de la contratación en el que se habrían direccionado los recursos del PP para favorecer, por lo menos, a 18 corporaciones”, señaló el alcalde de Medellín.
Aseveró que esto está soportado en correos electrónicos y testigos, a través de códigos internos que identificaban las corporaciones que se debían contratar. Estos códigos que se ven en la pantalla no corresponden a documentos oficiales. Serían, presuntamente, parte del diseño de una sofisticada red de corrupción a través de los cuales se notificaba internamente a quién debían dirigirse los contratos.
Estos códigos se habrían creado en la administración 2020-2023, en que personas de nivel directivo daban instrucciones precisas para adjudicar contrataciones del PP a algunas corporaciones. Esto se hacía desde un correo de Gmail, no uno institucional. “Aquí no mostramos los contratistas presuntamente favorecidos para no contaminar la investigación, pero pueden observarse los códigos internos. Los contratistas identificados en los códigos internos habrían recibido, solo en 2023, sumas superiores a los 25.000 millones de pesos, distribuidos en su mayoría a través de la Secretaría de Participación, el Inder y la Secretaría de Cultura”, dijo Gutiérrez.
Además de todo lo anterior, se hallaron evidencias de la presunta desviación de fondos del Presupuesto Participativo para la financiación de campañas políticas a la Alcaldía de Medellín.
Clínica de la 80
La Alcaldía de Medellín firmó un contrato de comodato con la clínica SaludCoop de la 80 en marzo de 2020. El primero de muchos hallazgos en este caso es que la clínica SaludCoop estaba inhabilitada para contratar con el Estado, por un antecedente fiscal reportado en la Contraloría.
Una vez firmado este comodato, la Alcaldía realizó adecuaciones en la infraestructura física de la clínica por un valor cercano a los 24.000 millones de pesos. Luego, SaludCoop solicitó la devolución de la Clínica; es decir, acabar el comodato. “En ese punto, en vez de cobrarle las adecuaciones a SaludCoop (que era dueño del espacio físico) la Alcaldía de Medellín, de manera irresponsable, firmó un contrato con un privado para venderle las mejoras (que habían valido 24.000 millones de pesos) en 12.000 millones de pesos… Valor inferior en un 50 % de los recursos públicos invertidos. Esto, sin estudios técnicos ni avalúo que sustentaran esa suma, y con el agravante de que los pagos serían a 36 cuotas”, explicó Fico Gutiérrez.
La decisión de vender las adecuaciones se debía llevar al comité de conciliación de la Alcaldía para su aprobación. Este comité que presidía la secretaria general no lo aprobó –como se ve en la imagen extraída del acta n.° 11 del 11 de mayo de 2022, firmada por la secretaria general como presidente del comité. “Además, podemos ver el correo donde la secretaria no emite voto aprobatorio y, en su lugar, hace recomendaciones de revisión del caso. Al otro día, 12 de mayo de 2022, se van para una notaría la secretaria general, la de Salud y la de Suministros. Allí, suscriben y autentican el contrato de venta por cerca de 12.000 millones de pesos, en que mienten al afirmar ocho que el comité de conciliación había aprobado la decisión de suscribir dicho contrato. ¿Cómo es posible que un día después de no haberse aprobado esta decisión en el comité que la secretaria general presidía, ella misma se haya ido para una notaría a certificar lo contrario? La secretaria general, junto a secretarias de Salud y Suministros, incurrieron, así, en una presunta falsedad en el documento de venta ante notaría”, expuso el mandatario.
Buen Comienzo
Entre las muchas irregularidades y presuntos hechos de corrupción del programa Buen Comienzo, en que hoy hay imputaciones por sobrecostos, se lograron identificar unos adicionales de suma gravedad: en noviembre de 2023, adquirieron un predio en el que operaba una funeraria en el barrio Juan del Corral por valor de 5.182 millones de pesos.
“El predio no es apto para la construcción y funcionamiento de jardín infantil, toda vez que no cumple con el área mínima exigida por la norma. En el contrato se estableció la destinación específica (como se muestra en la escritura) para la construcción de un parque educativo infantil, ignorando que no es posible por destinación del plan parcial de la zona”, dijo Gutiérrez.
Además, se requieren 7.315 millones de pesos adicionales para su puesta en funcionamiento. “No les bastó con presuntamente malversar los recursos de los paquetes de alimentación de los niños más vulnerables, sino que además presuntamente violaron la normatividad asociada a la adquisición de predios, con recursos que debieron invertirse en uno de los programas que habían sido intocables en nuestra ciudad. En este caso, como administración, presentamos la denuncia ante la Personería y la Contraloría, y estamos recaudando más elementos para aportar a los entes de control”.
Contratación de software
En este caso, se adjudicó un contrato de venta de chatarra, es decir, vehículos inmovilizados sin reclamar, por un costo sustancialmente menor al valor comercial de dicha chatarra. Una montaña de más de 50 mil vehículos acumulados en los patios de la Secretaría de Movilidad por chatarrizar es el producto de un despropósito contractual, en que se adjudicó un contrato por 2.038 millones de pesos a una empresa, cuando en realidad se debió haber vendido por 33.280 millones de pesos, de acuerdo con precios del mercado.
Es decir, se pretendía vender el kilo de chatarra en 98 pesos cuando se tendría que haber establecido el precio de 1.600 pesos, que es el precio de referencia del mercado. Tal irregularidad hizo que la Contraloría interviniera el proceso contractual, razón por la cual la administración anterior suspendió el inicio del contrato.
“En este momento hay una demanda del contratista contra el Distrito, pretendiendo el pago de 35.000 millones de pesos. A raíz de esto tenemos, entonces, dos problemas sin solucionar: 1) La chatarra sigue invadiendo los patios y 2) Estamos demandados por 35.000 millones de pesos. ¿Quién responde?, ¿a quién beneficiaba vender la chatarra a un precio irrisorio? En este caso, estamos en proceso de constituirnos como víctimas. Y aportamos pruebas a Contraloría, Fiscalía y Personería”, señaló Gutiérrez.