Avanzan las investigaciones de la Fiscalía General para esclarecer lo que ocurrió con la contratación durante la administración de Daniel Quintero en Medellín, pues hay denuncias que advierten sobre supuestos actos de corrupción.
En una nueva actualización, el ente de acusación reportó novedades en la inspección de un proyecto de $21.000 millones que firmó de manera directa el Instituto del Deporte y la Recreación (Inder) con Metroparques en septiembre de 2020.
“El objeto era garantizar el apoyo logístico y la realización de eventos recreativos y deportivos en Medellín, tarea que terminó siendo ejecutada por una empresa privada dedicada a eventos y logística”, indicó la Fiscalía en un comunicado.
Tras rigurosos análisis practicados por un grupo de peritos de esa entidad, se puso en evidencia que, durante el proceso contractual, no se habría justificado el valor del contrato ni la forma cómo se calcularon los precios unitarios de los productos y servicios.
Los detectives también determinaron que este proyecto se debió ejecutar en tres meses, pero le fueron introducidas siete modificaciones que extendieron, sin aparente argumentación, su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.
La teoría de la Fiscalía es que las decisiones que se tomaron elevaron el valor del contrato a $ 24.205 millones y que, supuestamente, Diana Paola Toro Zuleta, quien fungía como directora del Inder, se habría apropiado de $ 1.900 millones.
Este dinero, “correspondiente a la sobre estimación de los precios de los bienes para el desarrollo de diferentes actividades deportivas, generando sobrecostos del 55.7 por ciento”, alegó el ente de acusación en medio de las audiencias.
Ante un juez de control de garantías, a ella le imputaron los presuntos delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En medio de las diligencias judiciales, la exfuncionaria no aceptó los cargos.
Ahora bien, en el marco de la investigación que se adelanta por estos hechos, han sido imputados los exgerentes de Metroparques Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, además del contratista Mauricio Jaramillo Botero.
La Fiscalía llegó hasta este punto de la investigación luego de los hallazgos realizados por la Veeduría Todos por Medellín, que ha expuesto ante la opinión pública y las autoridades judiciales algunos indicios de presunta corrupción en el Distrito.
El alcalde actual, Federico Gutiérrez, se mostró satisfecho por la situación: “Esto se ha logrado gracias a las denuncias de los ciudadanos, funcionarios valientes que han aportado pruebas, medios de comunicación y veedurías”.