Hay polémica en Medellín por cuenta de los funcionarios que se estarían negando a presentar la carta de renuncia o que quedaron atornillados a los cargos tras la llegada de Federico Gutiérrez al distrito. En conversación con SEMANA, el concejal Alejandro de Bedout se quejó de la presunta falta de ética en la que estarían incurriendo.
Además de María Camila Villamizar, la mano derecha de Daniel Quintero, otros cuatro empleados de EPM estarían esquivando la dimisión. En todos los casos, los trabajadores ostentan millonarios salarios y beneficios. Por ahora, la nueva gerencia no quiere que realicen las funciones por la cercanía que tuvieron con el exmandatario.
Así lo mencionó el corporado del Partido Creemos, quien hizo parte del empalme de la compañía de servicios públicos: “Hay varias personas, cercanas al exalcalde, atornilladas a la empresa para que, una vez se diera el cambio, pudieran seguir disfrutando las mieles del poder. Ya vamos en el 5 de enero y ellos no se han dignado a renunciar”.
En la lista del político se encuentran Juliana Zapata, vicepresidenta de Talento Humano y Desarrollo Organizacional; Daniel Arango, presidente de la filial de EPM en Panamá; Andrés Felipe Uribe, vicepresidente de Riesgos; Rosa Margarita Rodríguez, directora de Direccionamiento Local; aunque tendría otros por identificar.
Una funcionaria de carrera
La piedra en el zapato para la nueva alcaldía es que Villamizar, encargada de la Dirección de Gestión de Relaciones Nacionales de EPM, estaría en un puesto que no es de libre nombramiento y remoción. Ella tendría una nómina que superaría los 25 millones de pesos, más un servicio de movilidad en las calles de la capital del país.
“Ella es una trabajadora oficial. Por medio de las mañas y de todos los procesos errados que hicieron, esta señora queda atornillada a este puesto. Ella no tiene ganas de renunciar. Ella sigue en el cargo teniendo en cuenta que ya no es de este proyecto político, es una vergüenza, deben renunciar”, afirmó el concejal Alejandro de Bedout.
Quintero respondió que, efectivamente, María Camila es una funcionaria de carrera e indicó que lo que hay en EPM sería una persecución laboral por circunstancias políticas. Detrás de ello estaría, supuestamente, “un gerente que fue condenado por Hidroituango y un alcalde que rompió el gobierno corporativo para sacar a los que pusieron la demanda”.
Contrario a esta manifestación, desde la bancada de Creemos en el Concejo de la ciudad se está insistiendo en la renuncia y será citada a una sesión para que rinda cuentas de las actividades que realizó en los últimos meses de su gestión en la ciudad de Bogotá, donde lideraría una estrategia para posicionar a la compañía de servicios públicos.
Las otras entidades
También hay quejas por la permanencia de puestos directivos en el Hospital General de Medellín, cuyo gerente apenas podrá ser removido en el primer trimestre de 2024. Lo mismo pasará con 33 empleados de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana, cuyos contratos se extienden por varios meses.
El concejal del Centro Democrático Sebastián López denunció que la administración anterior también habría dejado atornillado un millonario contrato en la Empresa de Desarrollo Urbano para realizar la obra de Los González con la avenida 34, “aceptando un valor de 9.800 millones frente a una obra que no vale menos de 30 mil millones”.
Los corporados del distrito creen que otras dependencias tendrían estas “jugaditas” y activaron los radares para identificarlas cuanto antes. De momento, el nuevo gabinete está reorganizando a sus equipos de trabajo para adelantar la misión que la ciudad le encomendó al alcalde Federico Gutiérrez en octubre de 2023.