La Gobernación de Antioquia denuncia violaciones al cese al fuego que acordaron las organizaciones delincuenciales con el Gobierno nacional en medio de la ‘paz total’, denunció el gobernador Aníbal Gaviria Correa este miércoles 25 de enero.
Los homicidios y detenciones ilegales protagonizados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como también se presenta el Clan del Golfo, encendieron las alarmas en esta región del país. Las autoridades pidieron mayor rigurosidad en el proceso de verificación.
Sobre la mesa está el secuestro de dos excombatientes de las Farc cometido en las últimas horas en la zona rural del municipio de Ituango. Según un testigo de los hechos, el incidente fue perpetrado por los hombres que comandó alias Otoniel hasta 2021.
También el cobro de extorsiones y muertes violentas que estarían realizando en otros pueblos de la subregión del norte antioqueño. La situación más crítica se vive en la localidad de Yarumal, donde ya van siete homicidios en lo que va corrido de 2023.
De igual manera, hombres armados patrullaron algunas vías el pasado lunes 23 de enero e instalaron mensajes alusivos a su organización, entre otras situaciones que alarman a las autoridades regionales.
Frete a este escenario, el mandatario departamental reconoció que el cese de hostilidades contra la población civil no se ha cumplido de manera general por los actores delincuenciales que hoy están sentados en la mesa de negociación con el Gobierno.
“Hemos visto, desafortunadamente, que esa voluntad que se ha expresado no se ha visto con hechos reales. La disminución de acciones contra la población demuestra algo muy distinto a lo que se está expresando a la opinión pública”, afirmó el mandatario.
Agregó que la Gobernación apoya los esfuerzos de paz que está liderando la oficinal del alto comisionado, Danilo Rueda. Sin embargo, considera que es importante que los grupos al margen de la ley demuestren con hechos reales la capacidad de transitar a la legalidad.
Gaviria Correa también reveló que sus funcionarios se pusieron a disposición de las autoridades nacionales para apoyarlos en los mecanismos del proceso de diálogo que se adelantan en este departamento, donde se ven involucradas más de doce organizaciones.
Vale la pena aclarar que el cese al fuego del que se hace referencia está activo desde el 1 de enero de 2023 y se extiende hasta el 30 de junio del mismo año, conforme al sorpresivo anuncio que emitió el presidente Gustavo Petro el pasado 31 de diciembre.
Esto vincula a cuatro organizaciones armadas ilegales: Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y grupo Sierra Nevada, mientras que el ELN se desligó del acuerdo. Las dos primeras delinquen en Antioquia.
En lo fundamental, se aclaró que el cese tiene como objetivo principal “suspender la afectación humanitaria de la población en general y, en particular, de las comunidades étnico–territoriales y campesinas y a la Nación”, indicó la Casa de Nariño.
También, frenar las “acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y las organizaciones al margen de la ley mencionadas”. Excepto con el Ejército de Liberación Nacional, quien desconoció haber llegado a un consenso con el Gobierno.
Ahora bien, se detalló que el cese al fuego bilateral con los actores ilegales tiene un equipo riguroso que trabaja en la verificación de su cumplimiento, a cargo de la Misión de Verificación de la ONU, OEA, Defensoría del Pueblo y representantes de la iglesia católica.
“Por el momento, no se contempla el cese del fuego con otras organizaciones. El Gobierno hará una revisión de resultados de los procesos en ejecución y otros ceses unilaterales, para tomar futuras decisiones, como parte del compromiso de la paz total”, concluyó.