El cierre temporal de la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el Bajo Cauca antioqueño, debido a las amenazas que recibieron cuatro de sus funcionarios, llevó al gobernador de esa región del país, Aníbal Gaviria Correa, a solicitar respaldo en materia de seguridad.
Indicó que esta es una decisión que no comparte, pero se comprometió a buscar con Medicina Legal que se restablezca la presencia en esa zona “ofreciéndoles el respaldo y buscando con los demás organismos del Estado: la Fuerza Pública y la Fiscalía; que se le brinde esa seguridad”.
Recordemos que esta medida fue dada a conocer por la entidad mediante un comunicado dirigido a la opinión pública donde detalló, sorpresivamente, que las intimidaciones fueron emitidas contra la institución y los empleados que adelantan las investigaciones en esta subregión.
“Rechazo total a esas amenazas e instamos a los organismos de seguridad, control y justicia para que de la forma más rápida podamos avanzar en el esclarecimiento de los hechos y de los autores de esas amenazas”, afirmó Gaviria Correa.
Lo que se conoce hasta el momento de la situación es que, al parecer, sujetos que se movilizaban en una motocicleta les hicieron saber que no querían que Medicina Legal estuviera en el municipio de Caucasia. Frente a este escenario, la dirección tomó la decisión de atrancar las puertas hasta nueva orden.
Esta medida afectará a los seis municipios del Bajo Cauca y a algunas poblaciones ubicadas al sur del departamento de Córdoba, que también se benefician con los estudios periciales que se hacen desde el año 2019.
De acuerdo con el gobernador, con todas las autoridades buscarán, como sucedió con la Fiscalía meses atrás y ahora con Medicina Legal, “que siempre permanezcamos las instituciones en el Bajo Cauca y en cualquier parte del territorio antioqueño”.
El cierre de esa sede, fue calificado de muy grave por Aníbal Correa, porque la situación hace mucho más compleja las labores de investigación y criminalista que muchas veces están relacionadas con las funciones de Medicina Legal.
“También afecta las situaciones de traslado a otros municipios, obviamente es algo perjudicial y complejo que buscaremos en forma interinstitucional, con colaboración armónica, restablecer”, aseveró.
La información relacionada con los posibles responsables de estas amenazas todavía no la tienen las autoridades de Antioquia y sigue en proceso de investigación por parte de los organismos de seguridad y justicia.
Mientras no se acuerden las medidas de seguridad, el Instituto seguirá prestando sus análisis en otras sedes del territorio nacional, sea la que está en la ciudad de Medellín o en Montería, dependiendo el grado de complejidad.
“Las autoridades judiciales y administrativas que requieran servicios periciales en medicina legal o ciencias forenses deberán dirigir su solicitud o comunicase con la Direccional Seccional Antioquia en Medellín”, detalló la entidad.
Ahora bien, los funcionarios que fueron intimidados fueron puestos a salvo, en tanto las autoridades adelantan revisiones de seguridad con el fin de retomar las operaciones en el municipio de Caucasia. Allí delinquen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
“Desde la institución se ratifica el compromiso de aportar a la justicia en favor de la vida”, concluyó en el documento. Paralelamente, se adjuntaron los contactos donde se recibirán las peticiones: dsantioquia@medicinalegal.gov.co y 6044548230.
“Reitero que buscaremos bajo la protección de Medicina Legal restablecer el servicio”, enfatizó Gaviria Correa con relación al cierre temporal de esta sede que cuenta con cuatro personas: dos médicos y dos auxiliares.
La subregión del Bajo Cauca antioqueño está conformada por seis municipios: Caucasia, El Bagre, Cáceres, Nechí, Tarazá y Zaragoza. Está ubicada en el nororiente de Antioquia y cuenta con 8.485 kilómetros cuadrados de extensión, lo que representando el 13,5% del territorio de ese departamento.