La Policía Nacional dio cuenta de la detención de alias Marino, un supuesto integrante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el Bajo Cauca antioqueño que tendría a cargo el cobro de extorsiones en el municipio de El Bagre.
Según la investigación adelantada por el Gaula de la institución y la Fiscalía General de la Nación, este sujeto sería conocido en la subregión como el “jefe financiero y coordinador de exigencias extorsivas” en esta localidad.
Al parecer, las víctimas frecuentes serían los comerciantes, mineros y comunidad en general que diera indicios de tener ingresos económicos, sometidos a “cobros presenciales”.
Supuestamente, la captura de este sujeto le “genera una afectación de lata importancia a esta subestructura criminal” que genera terror en varios rincones del departamento de Antioquia.
El proceso pondría en evidencia que, por las rentas ilegales que manejaría este ciudadano, podría llegar a tener ingresos mensuales que superan los cien millones de pesos.
Otro de los hallazgos que presentó la Policía Nacional es que “este sujeto participó activamente en el paro minero”. Sus tareas habrían sido ordenar el cierre de los establecimientos comerciales con fuertes intimidaciones.
Además, también habría pedido bloquear los principales ejes viales que causaron hambre y vulneraron los derechos de cientos de comunidades, tal como lo denunció el Gobierno nacional y la Gobernación de Antioquia.
Ahora bien, su captura se dio por orden judicial en el municipio de Caucasia tras un operativo de registro y allanamiento. En ese momento, se le incautaron tres celulares, una tableta digital y 180.000 pesos en efectivo, material que está siendo analizado por los investigadores.
Alias Marino fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para que enfrente los cargos por los supuestos delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión. De momento, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanzan los estudios en su contra.
“La captura de alias Marino es una muestra del compromiso para garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en la región antioqueña en la lucha contra la criminalidad”, informó el comando de la Policía Nacional en esta región del país.
En esa misma zona, tropas del Ejército Nacional ubicaron un depósito ilegal con material explosivo en zona rural de Tarazá. Al parecer, los dueños serían los miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc que delinquen en esa subregión.
Este golpe fue propinado por el Batallón de Operaciones Terrestres de la Fuerza Tarea Conjunta Aquiles en el marco del Plan Ayacucho, que busca retomar el control del orden público amenazado por estructuras que operan al margen de la ley.
En la vereda Doradas Altas se identificaron seis minas antipersonales, 100 metros de cordón detonante, 80 metros de cable dúplex, 10 baterías con sus respectivos alambres, conexiones y un proveedor para fusil con el que pretendían acciones terroristas.
“De la misma forma, se encontró material de intendencia: un uniforme camuflado de uso privativo de las Fuerzas Militares, una carpa pixelada, un buso táctico y un brazalete del ELN, 20 brazaletes del GAO-r 36 y una hamaca”, reportó el Ejército Nacional.
Datos suministrados por la inteligencia militar pondrían en evidencia que el material que fue incautado sería empleado para atentar contra la población civil y la fuerza pública, principalmente afectar a las personas que están ubicadas sobre la troncal de Occidente.
El material probatorio señala al ELN y el frente 36 de las disidencias de las Farc como responsables: “este depósito pertenecería a los GAO ELN y GAO-r 36, quienes estarían delinquiendo juntos en esta zona del país, amedrentando a empresarios, comerciantes”.