Una operación militar desarrollada en las últimas horas en el norte del departamento del Chocó le propinó uno de los golpes más fuertes al Clan del Golfo en lo que va corrido de 2022: diez laboratorios utilizados para la producción de cocaína quedaron reducidos a las llamas, afectando notablemente las finanzas con las que se sostiene en la ilegalidad.

El Ejército Nacional ubicó las casas de procesamiento en los municipios de Riosucio y El Carmen del Darién. De acuerdo con los cálculos de las unidades de inteligencia, desde estos lugares salían para el extranjero hasta 1.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína cada mes, cuyos saldos positivos serían superiores a los diez mil millones de pesos.

La investigación también puso en evidencia que los estupefacientes, supuestamente, eran distribuidos a gran escala en varios países de Centroamérica. Incluso, la droga también llegaba a las calles de Estados Unidos. El emisor de los envíos sería el brazo armado de Carlos Vásquez, quien aterroriza a las comunidades de esta región del país.

“Después de un par de meses de información de inteligencia militar por parte del Batallón de Selva Número 54 de Fuerza de Tarea Conjunta Titán, se pudieron establecer los laboratorios en las veredas de Consejo Comunitario Pedeguita, El Abierto y Caño Montería”, indicó en un comunicado la brigada 17 del Ejército Nacional.

Aunque los resultados fueron más allá. Durante la inspección militar sobre la selva del Chocó fueron incautados 2.405 kilogramos de base de coca en solución, 1.250 galones de insumos líquidos y 932 kilogramos de insumos sólidos utilizados para la producción de la droga que serán utilizados como material probatorio para judicializar a los responsables.

Esta institución anticipó que continuará desarrollando actividades operacionales que permitan contrarrestar y afectar de manera contundente las rentas ilícitas de todas las organizaciones ilegales, principalmente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que son las que mayor alcance tienen.

Con esto también se busca mejorar las condiciones de seguridad y entregarle tranquilidad a los habitantes de este departamento que están sometidos a las acciones criminales de los ilegales. De acuerdo con las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, en lo que va corrido del año, cerca de 34 mil personas se han confinado por las incursiones armadas en Chocó.

Las emergencias humanitarias están sin control. Hasta el 30 de noviembre, los ilegales impusieron terror con balas, artefactos explosivos y amenazas a trece municipios, cuyo común denominador son los desplazamientos masivos: Quibdó, Medio Atrato, Sipí, Medio San Juan, Bojayá, Istmina, Bajo Baudó, Alto Baudó, Nóvita, Nuquí, Tadó, Bagadó y Lloró.

“Desde la Defensoría del Pueblo se han identificado 95 eventos de confinamiento durante 2022, en los que se han visto afectadas 34.114 personas (de 70 comunidades indígenas y 25 comunidades afrocolombianas). Así mismo, se han presentado 34 eventos de desplazamiento forzado”, detalló esta agencia del Ministerio Público.

Los análisis adelantados en el terreno dan cuenta que el mayor riesgo que hoy enfrentan las comunidades del departamento del Chocó es la disputa que sostiene el Ejército de Liberación Nacional con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también llamadas Clan del Golfo. Ambos bandos quieren sumar más montañas y acaparar los negocios ilegales.

En el sur del territorio reina el ELN; mientras que en el norte, el grupo que comandó alias Otoniel. Sin embargo, las AGC no están a gusto con su ubicación, por lo cual mantienen desde hace dos años una lucha a muerte con el otro grupo para desterrarlo del mapa. Eso despierta masacres, reclutamiento forzado y cobro de extorsiones para patrocinar la guerra.

Aunque el dolor de cabeza es mayor porque, por fuera de estos grupos, también hay organizaciones delincuenciales locales que generan pánico con el tráfico de estupefacientes y exigencias millonarias a los comerciantes para poder abrir las puertas de sus establecimientos.