Tropas del Ejército Nacional ubicaron un depósito ilegal con material explosivo en zona rural de Tarazá, Antioquia. Al parecer, los dueños serían los miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc que delinquen en esa subregión.
Este golpe fue propinado por el Batallón de Operaciones Terrestres de la Fuerza Tarea Conjunta Aquiles en el marco del Plan Ayacucho, que busca retomar el control del orden público amenazado por estructuras que operan al margen de la ley.
En la vereda Doradas Altas se identificaron seis minas antipersonales, 100 metros de cordón detonante, 80 metros de cable dúplex, 10 baterías con sus respectivos alambres, conexiones y un proveedor para fusil con el que pretendían acciones terroristas.
“De la misma forma, se encontró material de intendencia: un uniforme camuflado de uso privativo de las Fuerzas Militares, una carpa pixelada, un buso táctico y un brazalete del ELN, 20 brazaletes del GAO-r 36 y una hamaca”, reportó el Ejército Nacional.
Datos suministrados por la inteligencia militar pondrían en evidencia que el material que fue incautado sería empleado para atentar contra la población civil y la fuerza pública, principalmente afectar a las personas que están ubicadas sobre la troncal de Occidente.
El material probatorio señala al ELN y el frente 36 de las disidencias de las Farc como responsables: “este depósito pertenecería a los GAO ELN y GAO-r 36, quienes estarían delinquiendo juntos en esta zona del país, amedrentando a empresarios, comerciantes”.
Mientras tanto, en el municipio de Cáceres, Antioquia, fue hallada y destruida de manera controlada una mina antipersonal, la cual impedía el paso de las tropas sobre el sector. Este artefacto explosivo, supuestamente, fue instalado por hombres del Clan del Golfo.
La Fuerza Tarea Conjunta Aquiles de la Séptima División anticipó que, de acuerdo con los hallazgos, instaurará una denuncia con el propósito de identificar a los responsables del presunto delito de “utilización de medios y métodos de guerra ilícita”.
Por otro lado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es señalado de reclutar a siete menores de edad en el último mes en el municipio de Yarumal (Antioquia). Al parecer, con falsas promesas los sacan de las aulas de clases para que carguen fusiles y se unan a la guerra.
Aunque las autoridades locales sostienen esta cifra, la Fundación Sumapaz tiene reportado que 15 menores fueron tomados por la guerrilla recientemente. Lo cierto es que el número va en aumento y el fenómeno criminal no es nuevo, según la Gobernación.
Este pueblo es centro de confrontación por parte de tres fuerzas delincuenciales. En la lista aparecen el ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Al parecer, todos han acudido a la instrumentalización de los más pequeños para hacerse contrapeso en las batallas.
El alcalde Miguel Ángel Peláez Henao considera que la presencia histórica de estos actores motiva a los jóvenes a incluir en sus proyectos de vida la ilegalidad: “Es doloroso, pero eso nos ha reportado la comunidad. Presuntamente, todos se van por voluntad propia”.
También suma la falta de oportunidades y los problemas que tienen al interior de los hogares que los hace pensar que es más fácil la vida con ellos. Sin embargo, “no podemos desestimar que es reclutamiento forzado y tenemos la obligación que protegerlos”.
Casi todas las víctimas están ubicadas en los centros poblados de El Pueblito y El Cedro. Este último fue noticia hace varias semanas por la toma de guerrilleros en las aulas de clases. Ellos se pasearon por los colegios con armas y distribuyendo cuadernos.
También motivaron a los alumnos a colorear los símbolos representativos de las disidencias de las Farc e hicieron rondas con sus cánticos. Esto generó un rechazo absoluto y las autoridades lo calificaron como una violación al cese al fuego de hostilidades.