Se abrió un nuevo capítulo en la novela que protagonizan en el Concejo de Medellín el Centro Democrático y dos mujeres que ocupan una silla en la corporación gracias a la bendición que les dio el expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, ellas se quitaron el sello del partido en el camino y la dirección les quería quitar el puesto que lograron en 2019.
Una decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió la confrontación que sostienen las partes desde 2021. Todo empezó el 9 de noviembre de ese año cuando cuatro concejales del Centro Democrático incumplieron un acuerdo que alcanzó la bancada de derecha con miras a controlar la mesa directiva de la entidad.
Ese día votarían a favor de Simón Molina para que figurara como el presidente. Sin embargo, el partido no contó con los votos de Lina García, María Paulina Aguinaga, Nátaly Vélez y Albert Corredor. Ese comportamiento generó estruendo en las filas del partido y se aplicaron sanciones disciplinarias por no actuar en bloque en Medellín.
Los rebeldes cargaron con la calificación “gravísima” en la conducta por desconocer la decisión del grupo, así lo resolvió el Consejo Departamental de Ética, Disciplina y Transparencia de la asociación política, que ordenó retirarles el voto temporalmente a los implicados como consecuencia de la determinación que tomaron el año pasado.
En el tire y afloje entre lo que pudo ser, los cuatro tiraron la toalla y se alejaron del Centro Democrático mientras se agarraban de la silla que les entregó el partido. Pero María Paulina Aguinaga y Albert Corredor optaron por bajarse del barco del Concejo dado que aspiran a estar en el tarjetón de la Alcaldía, ambos quieren tomar las riendas del distrito.
Bajo la lupa siguieron Lina García y Nátaly Vélez, quienes se aferraron a su puesto en el Concejo porque aseguraron que no se lo debían a padrinos que se encontraron en el camino, sino a los ciudadanos que las respaldaron en las elecciones. Esto último frente a las peticiones de renuncia y expulsión de algunos integrantes de la agrupación.
Esas exigencias pasaron a los pasillos judiciales. En una tutela, el Centro Democrático le pidió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que declarara la vacancia definitiva de curul de las candidatas electas por la lista del partido porque había una renuncia irrevocable a la militancia de por medio, y la silla les correspondía a ellos.
“El partido solicita amparo constitucional de los derechos fundamentales invocados, y como medida de restablecimiento, ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil certificar los candidatos que en orden descendente estarían llamados a ocupar las curules de las ciudadanas Nataly Vélez y Lina Marcela García”, se lee en el texto.
Esas pretensiones fueron negadas por tres magistrados porque tales aspiraciones deben tramitarse a través de una demanda de nulidad de los actos administrativos que declararon la elección de las dos mujeres, y no desde una tutela. Una vez el juzgado tenga el material sobre la mesa, decidirá si la renuncia a la militancia también es procedente para ceder la curul.
La decisión, a juicio de la concejala Lina Marcela García Gañán deja ver el desconocimiento jurídico de la presidenta de la colectividad y la mala fe en la intención de sacarlas por la mala, e incluso por encima de las normas.
“Entre varios argumentos, en la tutela, invocaron un precedente judicial en un caso similar con un edil de Engativá que finalmente fue revocado, pero se le olvidó ese pequeño detalle a los jurídicos del partido, en una actuación que da vergüenza. Lastimosamente con esto se prueba la mala fe con la que ha obrado el partido en nuestro caso, la persecución y el maltrato al que hemos sido sometidas, llegando incluso al nivel de amenazas anónimas que hoy están siendo investigadas por las autoridades”, aseguró la concejala.
Conocida la decisión a favor de “los rebeldes”, la concejal Lina Marcela García Gañán, quien ha tenido una férrea defensa de su cargo tanto en el concejo como en los tribunales, afirmó que “el Partido Centro Democrático, de Democrático, no tiene sino el nombre, la sala plena del CNE nos dio la razón y nos regresó el derecho al voto en el Concejo de Medellín que nos había sido arrebatado de manera irregular, y les ordenó garantizarnos el debido proceso, hoy el Tribunal de Bogotá vuelve y nos da la razón, ante el intento de Nubia Estela Martínez, presidenta del partido, de quitarnos la curul a través de una acción de tutela que no les prosperó”.
“En el mencionado trámite, además, existe la posibilidad de solicitar, como medida cautelar, la suspensión provisional de los actos de elección que sean objeto de impugnación, caso en el cual, deberán sustentar de manera suficiente las razones de hecho y derecho que apoyaría tal petición”, describió el Tribunal.
Frente a esta decisión, la concejal Lina Marcela García se mostró optimista en sus redes sociales: “Justicia terrenal y justicia divina, Tribunal Superior de Bogotá, nos da la razón, en tutela presentada por Nubia Martínez y el Centro Democrático. ¡Seguiremos trabajando por la ciudad y por los 9.570 ciudadanos que depositaron su confianza, no nos rendiremos ante esta persecución!”.