La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá desmanteló a una organización ilegal que monopolizó algunos productos de la canasta familiar en la comuna 13 de Medellín. Es decir, con armas en mano estableció las condiciones de compra y venta en las tiendas del sector.
A través de una empresa informal obligaron a los comerciantes a despachar exclusivamente sus productos para concentrar ingresos con el fin de patrocinar sus acciones delincuenciales: en la oferta estaban los huevos, arepas y papas.
Luego de un proceso de investigación que duró más de un año, lograron la captura de nueve personas que habrían protagonizado la acción irregular que estuvo acompañada de extorsiones, secuestros y desplazamientos forzados.
Además de cuantificar los mercados, impusieron el servicio de seguridad privada que debían costear los comerciantes, conductores del transporte público y los residentes de los barrios.
“Se logró establecer que los hoy judicializados amenazaban a sus víctimas con armas de fuego y les manifestaban que, si no pagaban la cuota, en primera instancia les dañarían sus vehículos y motocicletas”, detalló un informe que reveló el subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Rolfy Mauricio Jiménez.
Si persistía la negación para cancelar la colilla de pago manual que ellos mismos recolectaban, atentaban contra la integridad física de la familia que muchas veces salieron de los barrios desplazados por morir a manos del grupo ilegal.
Por ejemplo, una pareja tuvo que abandonar su vivienda luego de que decidieron no volverle a pagar la extorsión de 20 mil pesos semanales a los integrantes de la organización por dejarles parquear una motocicleta en la vía pública y por un jardín que habían hecho en el hogar.
Según las estadísticas de los grupos de inteligencia del Gaula, producto de esta actividad delincuencial acumulaban rentas criminales por 30 millones de pesos mensuales. En las cámaras de vigilancia de la Alcaldía de Medellín quedaron registrados los recaudos forzosos.
Dentro del proceso judicial, cinco personas presentaron denuncias donde 13 ciudadanos en conjunto declararon en contra de los señalados. Mientras avanzaban los estudios, la Policía identificó a 50 víctimas potenciales que están distribuidas en los sectores del centro occidente de la ciudad.
Mientras que en el nororiente de Medellín las autoridades lograron la judicialización de 15 personas más que estarían enfiladas en otro grupo ilegal que cometía el mismo delito: extorsiones masivas a cambio de seguridad y tranquilidad.
Las víctimas también eran comerciantes que, frecuentemente, recibían las visitas violentas de los delincuentes. Con armas de fuego los obligaban a entregar altas cantidades de dinero que les sumaban mensualmente 50 millones de pesos.
“Les decían que, si no pagaban, debían cerrar los negocios e irse del barrio o atentaría contra su integridad, la de sus familias y causarían afectaciones a sus locales comerciales”, informó la Policía Metropolitana.
De acuerdo con el expediente, estos delincuentes retenían a las personas por un momento en sus viviendas, mientras exigían el pago mediante amenazas de muerte o, a cambio, les pedían pertenencias de valor como parte del saldo.
Las escenas ocurrieron en los barrios Manrique, San Pablo, Manrique Central, Guadalupe, La Salle, Aranjuez Anillo y Gaitán, mismos sectores que tienen altos índices en la tasa de homicidios.
De igual manera, los miembros de este grupo estaban a cargo de la comercialización de estupefacientes que representaban cada 30 días ganancias superiores a los 80 millones de estupefacientes.
En consecuencia, un fiscal los acusó de cometer los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, desplazamiento forzado agravado, extorsión y secuestro simple atenuado.
“Es de resaltar la investigación de un año que da este resultado en contra del delito de la extorsión, con víctimas a las que se les exigía pagar por diversos motivos, presionados y amenazados. Es muy importante que las víctimas denuncien, que hagan un uso inmediato de la línea 165″, dijo el subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, Omar Rodríguez Aranda.