El grupo empresarial privado Mineros, dedicado a la exploración y explotación de metales preciosos, especialmente oro, se mostró preocupado este viernes, ante la posibilidad de que haya un paro minero en el municipio El Bagre, ubicado en la subregión del Bajo Cauca.
De acuerdo con la misma compañía, en la actualidad genera cerca de 950 empleos directos, de los cuales el 70 % son parte de la comunidad de los territorios donde hacemos presencia (áreas de influencia).
Esto, “además de contratos de operación que buscan la regularización de la actividad minera, con el cumplimiento cabal de los requisitos de ley y las buenas prácticas laborales y de sostenibilidad, que hoy representan el sustento para aproximadamente 300 familias, más la generación indirecta de bienes y servicios que moviliza esta actividad”.
En ese sentido, la preocupación es por “la situación de orden público de la región del Bajo Cauca, que pone en riesgo el empleo formal, la seguridad alimentaria, la productividad comercial y el desarrollo económico de una región que actualmente necesita avanzar para el bienestar de todos los habitantes del territorio”.
Además que el anuncio del Gobierno nacional de reiniciar los operativos en contra de la extracción ilícita de minerales, con el único objetivo de proteger el medio ambiente y promover la legalidad en el territorio, “son competencia y decisión del Estado colombiano y sus instituciones ejecutivas y de control público, y como empresa privada y actor de la sociedad en el territorio, no podemos influir en ninguna de sus decisiones”.
Y defendió que desde 2015 la compañía ha promovido la formalización minera “como una fuente que impulsa nuevas oportunidades”, un modelo que se ha desarrollado realizando diferentes procesos que permitan tener una participación vinculante, que cumple con el objetivo de una responsabilidad fiscal, laboral y ambiental en el territorio.
“Aclaramos que Mineros Aluvial no exige sumas de dinero para adelantar procesos de formalización minera, ni autoriza a ningún intermediario para estos procesos”, dijo.
Así mismo, expresó que las vías de hecho “no son el camino que necesita la región para progresar y, por tal motivo, rechazamos cualquier acto de violencia y amenaza. De manera respetuosa, invitamos al Gobierno Nacional, Departamental y Local, además de las autoridades competentes, acompañar las comunidades de las cuales hacemos parte, para permitir el libre derecho al trabajo, la movilidad y la seguridad de nuestros empleados y habitantes de la región”.
“Hacemos un llamado para mantener el diálogo abierto y formal, basado en la institucionalidad, el respeto mutuo y de nuestro entorno, que nos permita encontrar el mejor camino para trabajar conjuntamente por el progreso de la región y del país”, añadió.
Denuncian que actividades ilegales del Clan del Golfo mantiene en jaque operación en la mina de oro más grande del país
La minería ilegal que ejerce el grupo al margen de la ley llamado Clan del Golfo está amenazando el proyecto aurífero más importante del país y que hace parte de los denominados Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINE), cuya operación inició a finales del año 2020.
Se trata de la exploración y explotación que se adelanta en el municipio de Buriticá, ubicado en el occidente antioqueño, y que ejecuta la sociedad Continental Gold Limited, subsidiaria del conglomerado chino Zijin Mining Group Co., Ltd.
La multinacional, mediante una misiva dirigida al presidente Gustavo Petro, solicita la intervención urgente en la zona; esto con el objetivo de contener el accionar del grupo ilegal, que además de estar comprometiendo la producción de oro, está ocasionando graves afectaciones ambientales por la manera en que viene realizando la extracción ilícita del mineral.
En la extensa comunicación, firmada por Leizhong Li, Ceo de Zijin Continental Gold, se describen las afectaciones que está teniendo la mina debido a la explotación subterránea que realiza el Clan del Golfo y que lleva a cabo, a partir de la perforación de los túneles ya construidos para la extracción legal, situación que se constituye en un riesgo para el personal que labora en el sitio, al igual que para todas las comunidades aledañas.
“A pesar de los esfuerzos adelantados por las autoridades municipales y departamentales, encontramos que la situación ha desbordado la capacidad de la Fuerza Pública local, que no ha logrado contener el avance de la actividad de minería ilegal que afecta al municipio, y, por el contrario, ha visto como se incrementa el actuar ilegal con el pasar del tiempo”, indica el comunicado de la empresa.
Describe que el área minera de la empresa se divide en tres áreas: túnel Yaraguá, túnel Rampa Sur y túnel Higabra, siendo el último, en donde se ubica la mayor parte de la infraestructura de la mina, ya que allí se encuentran las plantas de Procesamiento y de Tratamiento, al igual que las oficinas administrativas y los campamentos. Sin embargo, la situación más compleja se encuentra en los otros dos túneles que han sido invadidos por la minería ilegal y que comprometido la producción de la compañía.