La Alcaldía de Turbo encendió las alarmas por la participación que tendrían las organizaciones armadas en el marco de las invasiones de tierra en el municipio. De acuerdo con las denuncias que ha recibido, los ilegales estarían distribuyendo los metros cuadrados que le corresponden a cada una de las familias que llegan al terreno.

En ese sector del Urabá antioqueño se tiene el registro de cinco predios que han sido apropiados irregularmente por más de 500 familias. En la lista de propietarios aparecen la administración distrital, la Unidad para las Víctimas y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Con recursos judiciales y concertaciones tratan de restablecer el orden.

Aunque el fenómeno no es nuevo, las autoridades tienen claro que hay comunidades que promueven esta actividad ilegal en Turbo. Al parecer, el rostro de varios líderes locales tendría relación con las invasiones, cuyo objetivo sería acaparar los metros cuadrados de cualquier zona del pueblo, sobre todo las rurales, que muestre indicios de abandono.

La administración municipal de Turbo explicó que la intervención de los delincuentes llegaría después de la convocatoria pública para que los ciudadanos se desplacen hacia las zonas referenciadas por las organizaciones que estarían promoviendo los “derechos” de los campesinos y las víctimas del conflicto armado.

En palabras de la Alcaldía de Turbo, ellos tendrían a cargo las tareas de la “planeación urbana” con el fin de controlar los escenarios de invasión y que no haya confrontaciones entre las familias. Sin embargo, no han identificado que sean los encargados de llamar a las personas que no tengan vivienda para que las armen en los predios ajenos.

Por ejemplo, estarían dejando en firme los espacios que se pueden utilizar y las medidas exactas que deben tener las residencias con miras a uniformarlas como si fueran un conjunto residencial formando en cualquier ciudad. Entre las supuestas exigencias estaría un lugar exclusivo para el parque de los menores de edad y la apertura de vías públicas.

Otro de los hallazgos del distrito es que sujetos estarían cobrando una cantidad de dinero a los ocupantes cuando les asignan un pedazo de tierra, donde más tarde edifican las casas con maderas y plásticos para blindarse del agua y el sol, quedando al margen de los servicios públicos porque no están autorizados para que sean instalados.

Pese a los esfuerzos de las autoridades y el reconocimiento de los presuntos implicados, la Alcaldía reveló que judicialmente han sido muy lentos con los procesos, por lo que tienen ventaja para seguir multiplicando las invasiones. En los últimos días, ha tomado fuerza la invitación de llegar a más tierras, justificados con el nombre de Gustavo Petro.

“La situación ha sido muy difícil porque nosotros no tenemos los medios para contener las invasiones. Hemos agotado los diálogos comunitarios, hemos hecho las intervenciones, hemos derribado viviendas y el proceso policivo. Nos ha tocado muy fuerte, esto no es fácil. Estamos en el municipio más grande de Antioquia”, afirmó un funcionario de la administración.

Esta situación también se multiplica en los pueblos de El Bagre y Remedios, donde más de 1.000 familias se apoderaron de terrenos de las administraciones locales y algunos sectores privados. El escenario más crítico está en el noreste del departamento, a razón de que la ocupación está sobre una zona catalogada como reserva forestal.

Frente a las personas que estarían impulsando las invasiones, el Ministerio de Defensa le pidió a la Fiscalía General de la Nación que “actúe con decisión” frente a las personas que se estarían “aprovechando de la necesidad y la ingenuidad de otros” para tomar predios que no les corresponden.