La situación de orden público en el departamento de Chocó es crítica. En las últimas horas, varios actores ilegales sostienen una lucha violenta en el Medio San Juan por el control territorial. Las comunidades indígenas y afrodescendientes son las más afectadas.
Las personas que están enfiladas en el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo protagonizan una racha sangrienta con el propósito de acaparar los negocios delincuenciales. Principalmente, el tráfico de estupefacientes y yacimientos mineros.
El Ministerio Público informó que las prácticas para hacerse contrapeso están vulnerando los derechos de los civiles. En consecuencia, se reportan desplazamientos masivos y confinamientos en tres poblaciones rurales de esta región: Istmina, Medio San Juan y Sipí.
Esta información también la sostiene el Ejército Nacional. Por medio de un comunicado dirigido a la opinión pública, estableció que la alteración de la seguridad la protagoniza el frente Ernesto Che Guevara del ELN y la subestructura Carreteras del Clan del Golfo.
La instalación de artefactos explosivos en las montañas del departamento es una de las preocupaciones de las comunidades y miembros de la Fuerza Pública. Denuncias recopiladas por la Defensoría del Pueblo ponen en evidencia este fenómeno criminal.
Por ejemplo, las minas son puestas en las inmediaciones de las viviendas y sedes de colegios para frenarle el paso “al enemigo”. También se ubican en sitios estratégicos con el fin de que las personas cumplan al pie de la letra la exigencia del toque de queda.
En una de esas trampas cayeron este domingo 22 de enero los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, adscrita a la Séptima División del Ejército Nacional. En efecto, un soldado perdió la vida y otros cuatro batallan contra la muerte tras la detonación.
Ellos estaban desarrollando operaciones de “estabilidad” en el área general del centro poblado de Negrías del municipio de Istmina, hoy parcialmente desocupado por sus habitantes por el terror que les genera la confrontación armada entre el ELN y el Clan del Golfo.
Precisamente, los militares que cayeron al campo minado tenían una misión encomendada para asegurar el terreno, dado que las comunidades pensaban retornar en los próximos días, tal como fue acordada en una sesión del Comité de Justicia Transicional.
La Defensoría del Pueblo comentó que, como esta emergencia, ya son dos los incidentes que se han registrado recientemente en el corregimiento con los artefactos explosivos que, supuestamente, fueron abandonados por los actores armados ilegales del territorio.
Por medio de un mensaje colgado en su cuenta oficial de Twitter se insistió en la preocupación por las condiciones de orden público que se mantienen en este sector del municipio, donde 34 familias están desplazadas por cuenta de los enfrentamientos.
“Por ahora, no existen condiciones de seguridad para el retorno de las familias desplazadas, pues los ilegales continúan en la zona, pese a que hay presencia de la Fuerza Pública en Negría. Se han presentado 2 accidentes por minas”, afirmó esta entidad.
Este escenario no es reciente. Desde el año 2021 se emitió una alerta temprana para que las organizaciones del Estado hicieran esfuerzos con el fin de proteger a las comunidades afrodescendientes e indígenas de los estragos que les deja la confrontación violenta.
“Insistimos en la necesidad urgente de avanzar en las tareas de desminado y en que los grupos al margen de la ley cumplan con la anunciada voluntad de paz que han manifestado”, agregó la Defensoría, haciendo alusión a la situación crítica de Istmina.
Vale la pena aclarar que la población de Negría ajustó en el mes de diciembre de 2022 su cuarto desplazamiento masivo, que se mantiene activo. Al menos 39 núcleos familiares salieron hacia el corregimiento de San Miguel de Medio San Juan, cinco ya volvieron.