Desde la oficina del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se dio a conocer la instalación de una mesa de diálogo con las estructuras armadas ilegales que operan en Medellín y los nueve municipios del Valle de Aburrá para transitar hacia la legalidad en medio del proyecto de la ‘paz total’.
Después de varios meses de acercamientos exploratorios y construcción de confianza, instalaron este viernes, 2 de junio, en la cárcel La Paz de Itagüí, el espacio dialógico sociojurídico que permitirá avanzar hacia una paz integral en la capital antioqueña.
“Luego de manifestar su compromiso con la política de paz total del Gobierno Nacional, los grupos armados dieron muestras claras de voluntad para detener la violencia, abriendo la puerta a la segunda fase en este importante proceso por la superación del conflicto urbano”, se lee en un comunicado.
Los avances para establecer el espacio de diálogos se lograron gracias al apoyo y el acompañamiento de la sociedad civil, líderes sociales y jóvenes de la ciudad, representantes religiosos, miembros de la academia, representantes del cuerpo diplomático y entidades multilaterales como la MAPP-OEA, de acuerdo con la oficina del alto comisionado para la Paz.
De acuerdo con el Gobierno Petro, Jorge Mejía Martínez, experto en temas de paz y Derechos Humanos, cumplirá un rol como coordinador de la delegación. Asimismo, bajo su liderazgo estará María Quintero, lideresa social de la región; Isabel Zuleta, miembro del Pacto Histórico, y Lucía González, excomisionada de la Comisión de la Verdad.
Los asesores serán Joan Édison Giraldo, Mijael Lacher y Fernando Quijano.
Entretanto, las bandas criminales presentaron una lista de sus integrantes principales, quienes participarán de los diálogos: Juan Carlos Mesa Vallejo, Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, Gustavo Adolfo Pérez Peña, Juan Camilo Rendón Castro, Alberto Antonio Henao Acevedo, Freyner Alfonso Ramírez García y Mauricio de Jesús Morales Múnera.
En el listado de los suplentes se encuentran: Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, Juan Fernando Álvarez, Iván Darío Suárez Muñoz, Elder Darbey Zapata Rivera, Sebastián Murillo Echeverri, Rodrigo Henao Acevedo, Jhon Fredy Yepes Hoyos, Carlos Augusto Correa López, Jesús David Hernández Grisales y Andrés Dimaría Oliveros Correa.
Según la información que pudo recoger la oficina del alto comisionado para la Paz en medio de la etapa de acercamientos, dentro de estas redes se encontrarían 14 mil personas.
También se dio por hecho que sus integrantes mostraron la vocación para ser parte de la ‘paz total’. Así las cosas, “se ha empezado a concretar una expresión más madura para acercarnos hacia una fase dialógica”, afirmó el comisionado Danilo Rueda.
De manera extraoficial, se reveló que los grupos pactaron un cese de hostilidades entre los miembros de sus filas. Esto sostendría la disminución en las muertes violentas y otros delitos de alto impacto.
Frente a este anuncio y el objetivo del sometimiento a la justicia que fue anunciado por el Gobierno y las estructuras, el alcalde Daniel Quintero Calle le pidió a la Policía Nacional no bajar la guardia y mantenerse alerta para controlar el orden público en la ciudad.
“He recibido la noticia, a través de medios, del acuerdo firmado por varios grupos armados que buscan someterse a la justicia. Delinquir en Medellín no rinde frutos. La ciudad celebra su cuarto año consecutivo de reducción de homicidios”, agregó el mandatario.
Recientemente, una organización delincuencial que opera en la ciudad de Medellín solicitó un puesto en el proyecto de la ‘paz total’ que impulsa el Gobierno nacional en esta zona del país.
Se trata de La Agonía, una banda que hace presencia en la comuna 13. En una carta de cuatro párrafos que fue remitida al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, se oficializó la intención de participar en las negociaciones para transitar hacia la legalidad.
El documento fue emitido por Alex Alberto Morales, abogado y defensor de los derechos humanos, que recibió la bendición de la estructura para comunicarle a la Casa de Nariño el acogimiento al proceso.
El grupo ilegal se bautizó públicamente como “el factor real de poder”. Sin embargo, las autoridades judiciales lo denominan La Agonía, integrado por “sobrevivientes de los diferentes conflictos en esta localidad”, se lee en la primera parte de la misiva.
Luego se dijo que “tiene el deseo de contribuir para que en su territorio se concrete, no solo una paz tota, sino una paz perpetua”. Así las cosas, pidió la vinculación para participar como líder en la “mesa de conversación y diálogos en el centro de reclusión de Itagüí”.
Más abajo reconoció que la organización delincuencial hace parte del conflicto urbano que ha padecido la capital de Antioquia en los últimos años, por lo que resulta trascendente que su nombre esté incluido en la negociación. Es señalada de homicidios y extorsiones.
Concluyó anhelando la “vinculación de sus líderes que se encuentran privados de la libertad y los representantes jurídicos y sociales nombrados por la organización en el poder que se adjunta, para sumar en este proceso”, cerró la carta de La Agonía.