Los dueños del depósito de oro más importante de Colombia batallan contra el Clan del Golfo a 600 metros de profundidad para defenderlo. Las balas no se escuchan en la superficie y solo se conoce su crudeza cuando salen los cuerpos heridos o sin vida.
La mina escondida en las montañas de Buriticá, Antioquia, es el punto de la confrontación. La compañía china Zijin-Continental Gold abrió caminos para extraer materiales preciosos, pero el grupo armado se los está arrebatando a sangre y fuego.
Dos de los tres túneles que conducen a lo más profundo de la Tierra están ocupados por los ilegales, quienes compraron terrenos aledaños para infiltrar las carreteras subterráneas. Bajo la inversión de los extranjeros, han sacado irregularmente hasta dos toneladas de oro. Eso se traduce en millones de pesos divididos entre los hombres que comandó alias Otoniel y los foráneos que se entierran en la mina por la fiebre del dinero o por la necesidad de sus hogares. Según las cuentas de la empresa, la invasión supera las 700 personas.
La Policía Nacional y los agentes privados de seguridad han tratado de tomar el control de los terrenos. Cuando se acercan, reciben disparos y les lanzan explosivos desde la oscuridad de los socavones. Solo en 2022, se contabilizaron 2.501 detonaciones.
En efecto, los carros que se mueven por los túneles tuvieron que ser blindados, los empleados deben ser escoltados cuando se acercan a las zonas de peligro y están obligados a desempeñar sus actividades con chalecos antibalas por el alto riesgo. Aunque todos los días se accionan las pistolas contra los funcionarios, la última gran emergencia ocurrió el pasado miércoles 17 de mayo cuando dos trabajadores fallecieron y otros 14 resultaron heridos tras la activación de un cilindro bomba.
En enero, Zijin-Continental Gold le advirtió al presidente Gustavo Petro que esto podría ocurrir y lo instó a intervenir de manera urgente. Además de las vidas que están tambaleando, le dijo que la extracción de oro podría darse por terminada por la inseguridad. “Más del 50 por ciento de nuestras labores mineras subterráneas se encuentran invadidas por la minería ilegal. La situación ya, de por sí, es crítica. De no tomar acciones inmediatas y contundentes, acabará con este proyecto”, relató la compañía en un documento.
Ante esta comunicación y el atentado, la Procuraduría investigará si hubo omisión en la solicitud de protección que hizo la empresa minera. A la par, hasta que no se den garantías de seguridad en el fondo de las montañas, los empleados no volverán a los túneles invadidos.
A juicio de los chinos, esta situación amenaza sus operaciones normales y los derechos legales de la organización. Mientras tanto, siguen arribando a Buriticá más personas para arrancar oro ilegalmente, y los uniformados de la localidad no alcanzan a pararlos. Pasan las horas de sueño en las profundidades y, en promedio, cada semana salen a ver la luz del sol.
En medio de la extracción del oro, estarían usando mercurio, sustancia química prohibida en Colombia por su alto grado tóxico. Ellos también corren peligro y los chinos creen que los tienen sometidos a la esclavitud.
Entre 2021 y 2022, cinco personas ajenas a la compañía aparecieron muertas en los caminos subterráneos y otras cinco fueron rescatadas con heridas. Aunque en el municipio se asegura que eran mineros ancestrales, la fuerza pública contradice la versión.
El Clan del Golfo también niega su participación en los socavones, pero las investigaciones judiciales demuestran lo contrario. Detrás de todo el caos estaría la subestructura Edwin Román Velásquez Valle y su cabecilla sería Wilmar Mejía Úsuga, alias Richard.
Ahora bien, la fórmula del Gobierno nacional para acabar con la guerra subterránea en Buriticá es amparar administrativamente a los mineros legales, controlar el uso de explosivos en la región y suspender la energía para la extracción ilícita de los yacimientos.