La Asociación de Transportadores de Carga advirtió que en los próximos días se podrían suspender las operaciones en Antioquia por cuenta del mal estado de las carreteras que conducen desde Medellín hacia las zonas del occidente y suroccidente de Colombia, afectadas por las fuertes precipitaciones que se registraron en el primer semestre del año.

Los deslizamientos y pérdida de banca en algunos tramos del suroeste antioqueño aumentaron los precios de la logística: los conductores cruzan la subregión en 20 horas, cuando a principios de 2022 el recorrido no tardaba más de seis; el represamiento de automotores sobre las carreteras se extiende hasta por doce kilómetros.

En los últimos seis meses, los camioneros calculan pérdidas superiores a los 2,6 billones de pesos por alteraciones en cuatro mil operaciones de carga que se tuvieron que movilizar entre Antioquia y los departamentos del Eje Cafetero y el sur del país, entre ellos el material que tenía que llegar al puerto de Buenaventura.

Mientras que las empresas de turismo y transporte de pasajeros reportan otra tajada millonaria de saldos negativos a razón de que los viajeros disminuyeron considerablemente, quienes evitan las visitas para ahorrarse la congestión vehicular que es evacuada parcialmente por las concesiones y la Policía de carreteras.

Anderson Quiceno, vocero del sindicato de trabajadores de este gremio, detalló que el problema en la infraestructura de los ejes viales también está desmejorando la calidad de vida de los conductores que deben soportar las largas horas en el cumplimiento del transporte, costo evadido -en muchas ocasiones- por los emisores de las cargas.

“Eso ha llevado a que diferentes gremios de transporte estén considerando declarar una asamblea permanente ante la situación de esta región, un paso previo a un cese de actividades en el transporte de carga porque las condiciones viales no están garantizadas y la afectación humana es total. Ya llevamos seis meses con esta situación”, dijo Quiceno.

En conversaciones con el Gobierno nacional, los líderes plantearon seis puntos a resolver para frenar el inminente paro que recibiría Gustavo Petro, quien tomará posesión el próximo 7 de agosto.

En la lista de proposiciones figuran la reducción del precio de los peajes y una inyección millonaria a las vías de Antioquia que se encuentran en crisis.

Por ejemplo, desmontar el cobro por circulación que está fijado en el municipio de Amagá y reducir hasta en 50 % el precio que la concesión exige al paso de los vehículos en La Pintada, uno de sus tramos está cerrado desde el primer semestre de 2022 por la pérdida de banca en el tramo de Santa Bárbara.

Este último ruego es respaldado por la Gobernación de Antioquia porque son visibles las crisis que viven los transportadores por el bloqueo de esa carretera.

Recientemente, las autoridades se comprometieron a gestionar ante el Gobierno nacional el no cobro de peaje o una tarifa diferencial.

“Al respecto, el gobernador encargado explicó que la operación del peaje obedece a un contrato entre la Nación y la Concesión La Pintada, por lo cual la decisión depende estrictamente del Gobierno nacional, pero se comprometió a acompañar al alcalde de Santa Bárbara, Luis Fernando Tangarife, en las gestiones en este sentido”, informó la Gobernación.

De hecho, el alcalde Tangarife contó que él mismo estuvo en Bogotá, en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) haciendo la solicitud de que se deje de cobrar temporalmente este peaje. Sin embargo, la entidad no ha entregado respuestas sobre las reiteradas peticiones.

Mientras eso no ocurra, la Asociación de Transportadores de Carga seguirá contabilizando pérdidas porque el cierre de la vía de Santa Bárbara estará vigente hasta el próximo año cuando se culminen las obras de reparación.