Luego de 18 días de intensa búsqueda, la administración municipal de Buriticá confirmó el hallazgo de los dos cadáveres reportados como desaparecidos al interior de una mina de esta población del occidente de Antioquia. Las unidades de Salvamento Minero, junto a organismos de socorro, los encontraron en uno de los socavones en la madrugada de este lunes.
Aunque el mandatario local dio por hecho que los cuerpos sin vida corresponden a Jesús Arturo González Contreras y Víctor Enrique Peña Álvarez, venezolano radicado en Colombia, la Agencia Nacional de Minería advirtió que, en las próximas horas, las autoridades judiciales deberán hacer oficial la identidad de las víctimas.
De momento, el personal especializado avanza en la evacuación de los cadáveres, tareas que se extenderán hasta las diez de la mañana y culminarán con la inspección judicial por parte de la Policía Nacional y Medicina Legal. Ahora bien, las autoridades no han dado detalles sobre el tipo de emergencia en la que los dos hombres quedaron atrapados.
Sin embargo, los familiares se sostienen en las denuncias que interpusieron ante las autoridades el pasado once de agosto. Al parecer, una empresa privada habría taponado los túneles de lodo mientras los mineros informales estaban buscando oro. Ese escenario ha sido desmentido por la organización extranjera en varias oportunidades.
La presunta práctica irregular y las consecuencias que habría generado levantó a la población de Buriticá en un paro sostenido durante dos semanas. El cese de actividades estuvo acompañado de acciones delictivas que llevaron a la Gobernación de Antioquia a extender una petición de intervención ante el Ministerio de Defensa.
Con base en los informes emitidos por la Secretaría de Seguridad Humana departamental, los bloqueos sobre los corredores viales de esta localidad generaron escases de productos y servicios dentro del pueblo. Incluso, en varias oportunidades la misión médica alertó sobre la imposición de obstáculos para el trasladado de pacientes vía terrestre.
“Persisten las vías de hecho. Este es un gobierno de diálogo, de concertación. Estas vías de hecho están afectando la movilidad de los ciudadanos, el ingreso de alimentos, el transporte público e, incluso, el transporte de pacientes. Hacemos ese llamando insistente a que se acaban las vías de hecho”, fue el reporte de la Gobernación.
En medio del estallido de la comunidad, la administración municipal advirtió que a la zona de la protesta estaban llegando cada vez más personas ajenas al territorio por lo que se creyó que los grupos ilegales que operan en el occidente estarían patrocinando la arremetida contra la institucional con 100 mil pesos diarios a cada manifestante.
Aunque este escenario no fue confirmado por las autoridades departamentales, revelaron que sí se tiene conocimiento que el Clan del Golfo gestiona la extracción ilícita de yacimientos mineros en esa zona de la región. Esa práctica sostiene sus acciones delincuenciales junto a la producción a gran escala de estupefacientes.
Por otro lado, a través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la empresa que es señalada de protagonizar el incidente afirmó que sus labores están enmarcadas en la reglamentación del país por lo que no habría actividades irregulares para reprochar. No obstante, las autoridades están investigando las alertas de la comunidad.
“La compañía ha demostrado su constante apego a la ley, actitud solidaria rigor técnico y trabajo para el desarrollo del territorio. El deseo de Zijin Continental Gold es continuar aportando al desarrollo económico como una industria solidaria, de la mano de las autoridades e instituciones”, dijo la empresa de origen asiático.
La misma lectura presentó la Asociación Colombiana de Exploración, agremiación que pidió acciones contundentes para frenar los riesgos que hay en este municipio del occidente antioqueño.