150 uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se tomaron los centros carcelarios más grandes de la subregión para verificar lo que escondían los privados de la libertad, luego de conocer información que advertía sobre supuestos manejos irregularidades detrás de las rejas.
La lupa se puso sobre los penales de El Pedregal y Bellavista. En el primer sitio, ubicado en Medellín, hay 3.651 detenidos, un hacinamiento cercano al 15 por ciento. Mientras que, el segundo, en el municipio de Bello, tiene a 3.137 personas, una ocupación superior al 76 por ciento, una de las más alarmantes del país.
El objetivo que se fijaron las autoridades fue “proteger la tranquilidad y el patrimonio económico de las personas y prevenir la comisión de delitos ejecutados a través de llamadas telefónicas desde los centros de reclusión”, ante las múltiples denuncias sobre estafas y órdenes que se estarían dando desde esos sitios.
En dos diligencias de registro y allanamientos, acompañados por la Fiscalía General de la Nación, los funcionarios descubrieron 100 teléfonos celulares, 20 armas blancas, dos modem de internet, un reloj smartwatch y 300 gramos de estupefacientes. Todo este entramado ilegal ahora es materia de investigación.
Lo que se sabe hasta el momento es los celulares era usados para la ejecución de diferentes conductas delincuenciales, como las exigencias extorsivas que atormentan diariamente a cientos de colombianos, coordinaciones delictivas, entre otras que afectan la tranquilidad de los ciudadanos.
“Estos equipos celulares serán sometidos a estudios y extracciones de información en el laboratorio de criminalística, la cual será analizada por nuestros investigadores criminales, para que sea integrada en los diferentes programas metodológicos adelantados en articulación con la Fiscalía”, reportó la Policía Metropolitana.
La extorsión es un dolor de cabeza en esta subregión. Solo en Medellín, de acuerdo con un estudio de la Universidad Eafit, más de 150.000 casas y negocios son presionados a pagar dinero. Las autoridades reconocen que los números están elevados e invitan a los ciudadanos a no entregar plata y a denunciar.
Según el Ministerio de Justicia, este es el protocolo que debe seguir si es víctima o conoce un caso de extorsión:
- “Comuníquese con la línea 165 del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula, el personal encargado de recibir información sobre extorsiones atenderá su caso, solicitará la información pertinente y le dará indicaciones sobre cómo proceder”.
- “El Gaula se encargará de trasladar el caso a un fiscal delegado para casos de extorsión y este se encargará de ponerse en contacto con la víctima para ampliar la denuncia. Los delegados de la fiscalía y el grupo Gaula trabajarán conjuntamente para capturar al o los responsables y se encargarán de brindar seguridad a la víctima y a su familia”.
- “Una vez capturado el o los presuntos delincuentes, la fiscalía tendrá la labor de investigar los hechos con la cooperación del grupo Gaula y llevarlos ante el juez penal, que se encargará de determinar el o los responsables del delito”.