El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció unas sorpresivas palabras en el habitual Consejo de Gobierno que realizan a principios de cada semana con los diferentes funcionarios de la Alcaldía de Medellín.

Esta vez, el mandatario anunció que, pese al aval del Gobierno Nacional para ejecutar con tranquilidad todas las pruebas necesarias para la entrada en operación segura de las primeras unidades de Hidroituango, la megaobra aún tiene el riesgo de ser sancionada por cerca de 192 millones de dólares por parte de la CREG, por no encender las turbinas antes del 30 de noviembre.

Además, el mandatario explicó que si tienen la multa, Empresas Públicas de Medellín, no tendría los recursos necesarios para pagarla, debido a que son cerca de 3 billones de pesos.

“Nosotros creemos que vamos a alcanzar. Lo único que en estos momentos nos detendría, según lo que tenemos estimado, serían los tiempos necesarios para poder hacer la evaluación adecuada”, dijo el alcalde.

Estas declaraciones contradicen con la que contó el alcalde la semana pasada, donde dijo que habían llegado a un acuerdo con el Gobierno nacional para realizar pruebas, simulaciones y chequeos necesarios sin afanes.

“En este momento ya no estaríamos hablando del macizo, sino de las máquinas. Estaremos en el proyecto el próximo martes o miércoles. Las pruebas lo que nos permiten es simular el macizo antes las vibraciones- y eso es lo que venimos haciendo. Con los tiempos que vamos a ganar en este proceso vamos a poder hacer muchas más pruebas. No necesariamente vamos a arrancar el 30 de noviembre, puede ser mucho más allá”, sostuvo el alcalde Quintero.

Por otro lado, culpó a las administraciones anteriores por haber comprometido la energía que iba a empezar a generar la hidroeléctrica, mientras el proyecto tenía muchas fallas.

“Los compromisos de energía no fue que nos lo inventamos nosotros, no fue que esta administración cogió y dijo me comprometo a generar energía en el 2021, fueron las administraciones anteriores”, sostuvo el mandatario.

Contraloría podría reabrir proceso fiscal en Hidroituango

La Contraloría General de la República advirtió que los recursos que se han invertido en el proyecto de generación de energía de Hidroituango pasarán nuevamente por la lupa de la inspección. Si las condiciones lo ameritan, podría volver a abrir la carpeta del proceso fiscal para resolver las dudas de la gestión.

El fantasma del detrimento patrimonial podría aparecer nuevamente en el radar del ente de control a razón de que la Alcaldía de Medellín ha denunciado que las decisiones que se tomaron en el pasado le habrían restado cinco billones de pesos a la iniciativa que promete entregar el 17 % de la demanda de energía nacional.

En dado caso de que la investigación muestre deficiencias en la administración de la obra, los responsables tendrían que asumir consecuencias financieras y disciplinarias, tal como ocurrió en septiembre de 2021 cuando se emitió un fallo por responsabilidad fiscal que sumó 4,3 billones de pesos a las cuentas de EPM.

El líder de esta entidad, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, explicó que desde marzo de este año la Contraloría delegada para el sector de la infraestructura ha venido realizando un especial seguimiento a la hidroeléctrica con el objetivo de revisar la adecuada inversión de los recursos recuperados el año pasado.

“Está analizando los nuevos hechos que, eventualmente, han acaecido o se hayan presentado y, con base en ello, y a la facultad que tiene este organismo de control, podría estar reabriendo nuevamente procesos que tiene que ver de manera directa con el tema”, anunció Rodríguez Becerra este ocho de noviembre.

Además del tratamiento que se le ha hecho a la cartera pública en medio de las inversiones, también es objeto de estudio el manejo que Empresas Públicas de Medellín (EPM) le ha hecho al informe técnico que realizó la firma internacional Pöyry frente a los riesgos que habría en la infraestructura del proyecto.

Este órgano pidió que cada una de las recomendaciones sean analizadas por el desarrollador de la hidroeléctrica con el fin de mitigar las afectaciones que se dejaron por escritas. Si la compañía de servicios públicas está en desacuerdo con un renglón del estudio, deberá presentar argumentos para rechazarlos.

Las decisiones que se tomen al interior de la obra tendrán que ser respaldados por un concepto técnico de un consultor externo, idóneo e independiente, que le sume validez a las determinaciones que tome Empresas Públicas de Medellín por fuera de las recomendaciones señaladas por la firma de Pöyry.