Las dos primeras turbinas de generación de energía de Hidroituango deben encenderse este 30 de noviembre, así se comprometió en 2012 Empresas Públicas de Medellín (EPM) ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). En dado caso de que no se cumpla el objetivo en dos días, llegarían sanciones que superan los 180 millones de dólares.
Las siguientes horas son claves en el proyecto y los ingenieros que están al frente de la obra piden oraciones para que las maniobras que están desarrollando sean favorables. Dentro de la hidroeléctrica tienen la esperanza de eludir las multas con la conexión de las dos turbinas al Sistema de Potencia Nacional. Pero no se prenderían este miércoles.
Por disposición de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el presidente Gustavo Petro, antes de prender cualquier turbina que implique el uso del río Cauca, las comunidades que están ubicadas aguas abajo del proyecto deben ser evacuadas. Este proceso está siendo tardío a razón de que los organismos de socorro no están preparados.
Este sábado se anunció la sincronización de la primera turbina al Sistema de Potencia Nacional y se espera que este 29 de noviembre lo haga la segunda, un avance importante que no representa su entrada en operación comercial. No obstante, con este resultado se tratará de demostrar que EPM tiene lista la hidroeléctrica para vender la energía.
Ese será el primer argumento que entregará la compañía de servicios públicos cuando la Comisión de Regulación de Energía y Gas imponga las sanciones: son determinaciones externas a Hidroituango las que obligaron la alteración de los cronogramas, incumpliendo con los plazos que se establecieron en el pasado y que hoy están blindados con multas.
Pero esta carta no funcionaría dado que en los acuerdos con la Creg se lee que el 30 de noviembre deben estar en operación comercial las dos primeras turbinas, no el hito de conectarlas al Sistema de Potencia Nacional. La tarea es entrar en operación comercial. Es decir, entregarle oficialmente al país en menos de 72 horas cerca de 600 MW de potencia.
Si esta tesis no funciona, Empresas Públicas de Medellín alegará ante un juzgado del país que las restricciones que se ordenaron para contener la propagación de covid-19 frenaron las actividades dentro de la hidroeléctrica. También se discutirán las afectaciones que dejaron los bloqueos en medio de las protestas nacionales.
“Nosotros recibimos el proyecto en 2019 completamente destruido y tuvimos que empezar a reparar los daños que hicieron otros. Hemos tenido poco tiempo. Ese tiempo se cumple este miércoles a las doce de la noche. Estamos dando la pelea de nuestras vidas para que no se cobre la sanción”, indicó el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero Calle.
Antes de hacer estruendo ante las autoridades judiciales, la compañía le envió una petición a la Comisión de Regulación de Energía y Gas para que le amplíen el período de gracia que tiene para entrar en operación comercial. El documento llegó a las manos de los miembros del comité, pero no fue discutida a profundidad por falta de información.
Esta entidad le devolvió el oficio a EPM pidiéndole mayores detalles para tomar una decisión de fondo a razón de que llegó incompleta. Entre tanto, la compañía asegura que es importante ampliar el cronograma con la bendición de la Creg porque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres pidió hacer evacuaciones aguas abajo.
Junto a la conexión de la segunda turbina Sistema de Potencia Nacional, hay nerviosismo en la capital de Antioquia por la respuesta de la Comisión. En el mejor de los casos, podría darle el visto bueno para que retrase la inauguración de la hidroeléctrica sin recibir las sanciones que llegarían a superar hasta los 180 millones de dólares.