Las calles de Necoclí, Antioquia, han sido testigos de las historias de cientos de migrantes que han llegado a Colombia con el objetivo de cumplir el sueño americano por medio del tapón del Darién, un recorrido selvático que une a Suramérica con el resto del continente. El recorrido se hace caminando, empieza en el Urabá antioqueño y termina en Panamá.
Aunque hay más de siete rutas que conducen desde este lado del mundo hasta Centroamérica, la frecuentada es la de Necoclí porque el paso es más organizado. Con 800.000 pesos consigue un guía para andar la trocha y un espacio en medio de las montañas para dormir cuando el cuerpo no responda a las órdenes de los coyotes para continuar.
Este pueblo ha recibido a los migrantes y refugiados a los regañadientes. Los habitantes se han quejado ante la Policía Nacional de robos, explotación sexual comercial y mendicidad de parte de los viajeros que se quedan varados en los rincones mientras esperan un cupo para cruzar hacia el Darién o porque se quedaron sin dinero para completar la travesía.
Si bien están acostumbrados a observar a los extranjeros pasar hacia Panamá, el escenario de este mes de octubre es el más crítico que se ha presentado en los últimos años a razón de que hay más de diez mil personas represadas en la zona urbana. La alta demanda superó las capacidades que ofrecen las agencias locales de transporte público fluvial.
Con base en los datos suministrados por la Defensoría del Pueblo, el 20 % de la población migrante corresponde a niños, niñas y adolescentes. En las imágenes se observa a los más pequeños en los brazos de sus padres y familiares, pero se reveló que varios menores de edad están cruzando hacia Panamá sin acompañantes.
“Este año la crisis migratoria es mucho más grave que la registrada el año pasado, porque la cantidad de personas en movilidad humana que han pasado hacia Panamá supera los 150.000, en comparación con los 134.000 migrantes en todo el 2021. La tendencia es a seguir aumentando”, dijo el líder de este organismo, Carlos Camargo.
Estas personas están expuestos a los riesgos naturales de la calle. Los derechos a la seguridad alimentaria, educación y salud están amenazados. Mientras que están al alcance de las organizaciones ilegales que delinquen en los departamentos de Antioquia y Chocó. El Clan del Golfo es que más atemoriza por una presunta instrumentalización.
A las administraciones locales han llegado varias denuncias que han hecho estruendo en las reuniones de seguimiento que se le hace a la crisis humanitaria desde los primeros días de octubre. Al parecer, estos grupos estarían enviado a través de los extranjeros importantes cargas de droga y dinero para entregarlas a sus aliados en Centroamérica.
También es motivo de inquietud la prostitución. El organismo del Ministerio Público mostró alertas por la supuesta inmersión de menores de edad en esta práctica, inducidas por las precarias condiciones en las que llegaron al Urabá. El dinero que reciben sería utilizado para costear las necesidades del viaje hacia Estados Unidos.
Frente a este panorama, la administración municipal de Necoclí resolvió declarar la calamidad pública con el fin de reducir la vulneración de los derechos humanos mientras los migrantes están asentados en su población. Este recurso permitirá abrir la cartera para gestionar la atención urgente que requieren las más de diez mil personas represadas.
El mandatario local, Jorge Tobón, que las primeras acciones que tomará es instalar baños a lo largo y ancho de las playas, sitios donde se concentran los migrantes varados. También dispondrá de taques con agua potable para saciar las necesidades básicas de los venezolanos, ecuatorianos, asiáticos y africanos que esperan un pasaje para llegar a Panamá.