Al menos 800 personas se tomaron de manera violenta las instalaciones de la plazoleta de La Alpujarra. Al frente tenían el edificio de la Gobernación de Antioquia, la Asamblea Departamental, la Rama Judicial y la Alcaldía de Medellín. Decidieron tomarse los pasillos de la última entidad para reprochar sus acciones en cuanto a la mendicidad.
Se le reclama al alcalde Daniel Quintero Calle las razones por las que ha adelantado operativos contra la utilización de menores de edad en las actividades de indigencia, a razón de que ellos lo ven como un escenario rutinario al que acuden para sobrevivir. También piden garantías para habitar el territorio de manera digna.
Aunque en repetidas ocasiones han hecho los mismos planteamientos de manera pacífica, este miércoles cayó la gota que rebosó la copa. Empezaron a caminar por el centro de la ciudad y se salieron de las casillas cuando llegaron al centro administrativo de Antioquia. Con palos y machetes en mano, violando el protocolo, se abalanzaron sobre la plaza.
Se llevaron por delante las vallas de hierro que instaló la Policía Nacional para evitar alteraciones del orden público en medio de las protestas. Sin embargo, este 22 de febrero solo se tenía en el radar la manifestación de los taxistas, quienes tienen cinco puntos de concentración en los sitios neurálgicos de la subregión para llamar la atención del Gobierno.
La masa de personas se digirió a la entrada principal de la Alcaldía de Medellín. Los funcionarios de seguridad que estaban controlando el habitual paso de empleados no los pudieron contener, los intimidaron con los objetos que portaban y no tuvieron más remedio que dejarlos pasar, a pesar del riesgo que se podría correr dentro de las oficinas.
Los gritos de las personas que estaban en el primer piso fueron los que encendieron las alarmas en el distrito. Hubo caos en la recepción. Mientras que unos trataban de evacuar, los otros empujaban para lograr el objetivo: asaltar el edificio con el fin de tener el interés del mandatario Daniel Quintero Calle frente a sus peticiones. Pero no lo obtuvieron.
En un trino le lanzó un ultimátum a la comunidad indígena: “Se realiza una protesta a la que no voy a ceder”, haciendo alusión al pliego de peticiones que presentan. En particular, solicitan apoyo para maniobrar con la condición de desplazamiento que padecen y la garantía de no realizar operativos policiales en medio de la mendicidad.
Así lo resumió el mandatario: “Una comunidad indígena (saben que los respeto) me pide que los deje usar a sus niños para pedir plata, trabajar, hacer bailes a extranjeros hasta altas horas de la noche. En Medellín esto no está y no estará permitido”. Pero los manifestantes se mantienen firmes en las peticiones, pese al argumento de Quintero.
Los palos los lanzaron sobre los vidrios y forzaron algunas puertas. Arrojaron al suelo las materas y destruyeron algunas sillas. Todo esto ocurrió bajo la mirada temerosa de los empleados y fuerza pública, quienes tenían las manos amarradas constitucionalmente porque no estaban autorizados a contraatacar por la presencia de niños y mujeres en embarazo.
De acuerdo con los cálculos de la Alcaldía, cien menores de edad se vieron involucrados en la situación. Algunos adolescentes les dieron golpes a los uniformados que se opusieron a que dieran un paso dentro del edificio. De momento, las autoridades no entregan un balance de capturas. Se espera que en las próximas horas den una comunicación.
Ahora bien, el personero William Yeffer Vivas Lloreda detalló que la inconformidad directa es con la subsecretaria de Espacio Público y la Policía de Infancia, que les ha cerrado el paso en el momento en que identifican prácticas irregularidades en las calles, con el objetivo de proteger a los menores de edad que están expuestos a las supuestas violaciones.
“A esta hora hacemos presencia en las instalaciones de la Alcaldía de Medellín donde un grupo de indígenas manifiestan inconformidad con la subsecretaria de Espacio Público y Policía de Infancia. Exigiendo, además, albergue temporal para la población víctima de la violencia”, manifestó el vocero de esta entidad del Ministerio Público tras el asalto.
La furia de los involucrados fue desatada por el restablecimiento de derechos de varios niños de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Varios de ellos fueron sorprendidos violando el toque de queda nocturno que aplica para esta población en las zonas rosas, como los sectores del barrio El Poblado y el centro de la capital de Antioquia.
La Alcaldía de Medellín aseguró que no cumplirá los reclamos de los indígenas porque los menores de edad deben estar estudiando y no instrumentalizados por supuestos “caciques” que los obligarían a recoger dinero y sometidos a presunta explotación sexual para costear intereses que están siendo investigados por las autoridades competentes.
Hasta las 12:30 de la tarde de este miércoles, en la Plazoleta de La Alpujarra se reportaron enfrentamientos entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, rebautizado por el Gobierno nacional como la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Al parecer, un integrante de la comunidad indígena habría resultado lesionado en el intercambio de golpes.