Desde el 27 de abril, el puesto del gobernador del Chocó es compartido por dos personas. En el departamento hay incertidumbre y se espera un concepto definitivo del Ministerio del Interior para definir quién tiene el control.
La crisis administrativa se dio cuando el mandatario que fue electo en 2019 y suspendido en 2022 tras ser detenido por supuestos hechos de corrupción, Ariel Palacios, reclamó el despacho el jueves.
El anuncio se lo hizo a la gobernadora encargada, Farlin Perea, nombrada por el Gobierno nacional para reemplazar las funciones del entonces capturado. Sin embargo, ella se aferró a su trabajo porque no fue notificada por las autoridades, solo por el político.
Él se tomó el atrevimiento de retornar a su empleo dado que el Tribunal Superior de Bogotá tumbó la medida de aseguramiento en su residencia por vencimiento de términos. La Fiscalía lo acusó por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión.
Su defensa interpretó que, una vez se cayó la detención, también derribó la suspensión del cargo. Así las cosas, tendría el derecho de volver a su oficina y emitir órdenes en el departamento. Así lo ha hecho.
Su arribo fue escandaloso. Perea recibió una carta en la que Palacios le pidió una fecha y hora para hacer el empalme. Él no esperó la respuesta y, sorpresivamente, mientras ella estaba ausente, se tomó el edificio junto a su gabinete.
La encargada se enteró de la situación cuando estaba de visita en el municipio de Condoto. Desde ese momento, se reporta un descontrol administrativo. La crisis ha cruzado los limites de la violencia, según fuentes cercanas a la gobernadora.
Ella ha recibido amenazas en las que le advierten que, si vuelve al despacho, la sacarán a la fuerza. Paralelamente, le han limitado los recursos para ejercer las labores delegadas por el Ministerio del Interior que, hasta la mañana de este 2 de mayo, siguen firmes.
Ariel Palacios oficializó su retorno con un documento que firmó, junto a dos testigos, en una notaría del departamento. Allí se leen los argumentos que sostendría jurídicamente la posesión del cargo que ganó en 2019 con el aval de los liberales, los verdes y los conservadores.
Citando al Tribunal Superior de Bogotá, afirmó: “Debido a las contundentes decisiones judiciales que revocaron la medida de aseguramiento que pesaba en mi contra, es evidente que el decreto que me suspendió del cargo (…) ha decaído”.
Luego concluyó en el texto: “Ante la claridad de dichos pronunciamientos judiciales, es mi deber constitucional y legal reasumir el cargo de gobernador del Chocó, para el cual fui elegido popularmente, lo que haré a partir de hoy, 27 de abril de 2023″.
Uno de los testigos que plasmó su nombre en el texto para validar las afirmaciones de Palacios ha causado revuelo a razón de que el número de la cédula que redactó le corresponde a una persona que falleció en 2018.
El funcionario que estuvo privado de la libertad ya figura en las redes sociales oficiales de la entidad, en una publicación del 29 de abril se contó que él citó a un consejo de gobierno extraordinario para hacer un primer ejercicio de empalme con los secretarios de despacho. Allí mostró dos fotografías en las que no se observa a Perea.
Dos días antes, en ese mismo perfil, la gobernadora encargada colgó un comunicado dirigido a la opinión pública relató que “solo una decisión del Ministerio del Interior que dé por finalizado mi encargo puede dar por terminada mis responsabilidades frente al pueblo chocoano ávido de cambio”.
Frente a este escenario, ella tomó la decisión de viajar hasta la ciudad de Bogotá para encontrar una respuesta certera sobre el futuro del departamento en los pasillos del Ministerio que, desde este lunes festivo, está a la cabeza de Luis Fernando Velasco.