El proyecto que pretende entregar el 17 % de la energía que demanda Colombia no tiene fecha fija de inauguración. Aunque los contratos obligan a Hidroituango a entrar en operación antes del 30 de noviembre, ese requerimiento estaría lejos de cumplirse.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas le exige a EPM encender las dos primeras unidades de generación en menos de 36 días. En dado caso de que se salte el deber, la compañía tendría que asumir multas superiores a los cinco billones de pesos.

Al interior de la obra no estarían convencidos de las condiciones de seguridad para entrar en funcionamiento en la fecha requerida. Expertos internacionales y los ingenieros de EPM piden hacer pruebas adicionales que le sumarían al cronograma de la obra dos meses.

Así lo dio a conocer el alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de la empresa de servicios públicos, Daniel Quintero Calle. Él reiteró que no pondrá en riesgo la estabilidad del proyecto de energía para acelerar su inauguración.

En un pliego de sugerencias, los analistas dieron cuenta de la trascendencia que tiene hacer exámenes más rigurosos dentro de Hidroituango para estar seguros de que las piezas funcionen de la mejor manera en las dos primeras turbinas de generación.

“Una junta de directores internacional hace unas recomendaciones. Esas recomendaciones no son obligatorias, pero son muy importantes. La última vez que no se le hizo caso, le bajaron la calidad a los materiales y cambiaron los diseños”, dijo Quintero.

Aunque es una petición que no se traduce en deber, la administración distrital y otras entidades que le hacen seguimiento al proyecto de energía estarían dispuestas a acogerlas al pie de la letra porque sería lo mejor para la seguridad de la hidroeléctrica.

En la mañana de este martes se instaló un puesto de mando unificado en la capital de Antioquia, donde los expertos detallan el tipo de pruebas que se necesitan y los administradores de la obra calculan las afectaciones que tendría en el cronograma.

Quintero Calle advirtió que los ensayos podrían tardar una semana, dos semanas o hasta sesenta días. La última palabra la tendrán los representantes del Gobierno nacional, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín y EPM. Eso sería este 25 de octubre.

Varias entidades que le hacen control a Hidroituango empezaron a cantar sus posiciones. Es el caso de la Procuraduría, quien no mostró reparos por los exámenes adicionales porque considera que la decisión final sobre la operación de las turbinas debe ser técnica.

Sin embargo, sentó argumentos sobre los riesgos que hay en la obra: “Es necesario poner en funcionamiento las primeras cuatro unidades porque es la única manera de reducir la presión sobre la presa y el vertedero, y mitigar el riesgo”, se lee en el concepto.

Además de la preocupación que hay por la seguridad, también cobra relevancia la amenaza de las multas que está dispuesta a imponer la Comisión de Regulación de Energía y Gas si no se cumple con las tareas que acordó con Empresas Públicas de Medellín.

El diputado de la Asamblea de Antioquia, Luis Eduardo Peláez Jaramillo, advirtió que las consecuencias afectarían notablemente las finanzas de la empresa a razón de que tendrían que cubrir obligaciones superiores a los 1.160 millones de dólares.

Desde Medellín no solo se tendría que asumir la multa por el incumplimiento del cargo de confiablidad que se adquirió en el pasado con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, sino también costear las faltas por los pactos que nacieron en las subastas de energía.

La administración trataría de esquivar las multas con la bendición de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Si esta entidad pide más exámenes en la hidroeléctrica para mitigar las afectaciones, que sobrepasarían los plazos impuestos, supuestamente no se tendrían que pagar.