Una mujer de la comunidad indígena Embera Katio se le vio corriendo por las calles de la capital de Antioquia con unas esposas en sus manos. No se trató de una manifestación, sino de un operativo adelantado por la Policía Nacional.
Ella se encontraba en una vía del barrio El Poblado cuando fue requerida para un control de seguridad por parte de los uniformados y los funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, cuyo propósito era ponerle freno a las actividades de mendicidad.
En medio de las labores de inspección, la protagonista tuvo un altercado con una de las patrulleras. Al parecer, se abalanzó sobre ella de manera violenta. De inmediato la esposaron para que respondiera por la conducta irregular que habría acontecido.
Una vez es detenida, las personas que la estaban acompañando trataron de “armar una revuelta” para evitar la captura, dado que la institución anticipó en ese momento que habría incumplido con el delito de agresión a los miembros de la Fuerza Pública.
La mujer le sacó provecho a la confusión del momento para escaparse. El reporte oficial señala que huyó con destino al centro de la ciudad. Así ocurrió: bajó desde el barrio El Poblado y fue vista en Niquitado, reducida por las esposas que estaba cargando.
Ante el hecho, la Personería Distrital de Medellín se puso en la tarea de mediar entre las partes para solucionar el problema de manera pacífica. Mientras la Policía advirtió que seguiría el procedimiento, los indígenas se negaban a las pretensiones de los uniformados.
Sonia Inés Peña Rentería, líder del Grupo de Asuntos Étnicos, Migrantes y Refugiados de esta agencia del Ministerio Público de la ciudad, detalló que una conversación entre los representantes de la comunidad indígena y las autoridades policiales resolvió la discusión.
“La Personería se vio la necesidad de mediar, obteniendo como resultado un acuerdo de acompañamiento permanente en los procedimientos. A su vez, la permanencia en la mesa de mendicidad para trabajar en el retorno de esta población”, señaló la funcionaria.
Se conoció que las esposas y unos grilletes que estaban bajo el poder de la comunidad fueron retirados y devueltos a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Supuestamente, la patrullera afectada presentará una queja por la agresión que recibió.
Ahora bien, este episodio tendría relación con un despliegue de más de cien funcionarios de la Policía, en articulación con gestores y funcionarios de la Alcaldía de Medellín, el ICBF, Migración Colombia y la Personería de Medellín para hacerle frente a las vulneraciones.
Como resultado de esta acción, se identificaron a 26 menores en posible estado de vulneración, quienes violaron el toque de queda El Poblado y Provenza. Varios de ellos, pertenecientes a población indígena, fueron hallados en situación de mendicidad.
En la intervención se sellaron, de manera temporal y por diferentes irregularidades, cinco locales comerciales, se incautó un arma de fogueo y se impactaron 2.500 ciudadanos en la zona, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la ciudad.
Por otro lado, en un operativo “relámpago”, en Plaza Botero, las autoridades capturaron a un hombre por el delito de fuga de presos, se decomisaron 15 armas blancas, una pistola de fogueo, más de 20 dosis de drogas y se solicitaron antecedentes a 100 personas.
“Desde el viernes, como parte del refuerzo de las acciones en la icónica plaza, se instaló un puesto de mando unificado con las autoridades e, incluso, agentes de civil, quienes participan en la investigación y reacción en casos que requieran actuación policial”, indicó la Alcaldía por medio de un comunicado de presa dirigido a la opinión pública.