El Ministerio de Educación le impuso al exrector de la Universidad de Medellín, Néstor de Jesús Hincapié, y a otros dos exfuncionarios de la misma institución una inhabilidad de cinco años para ejercer cargos o contratar con algún centro de formación del país por haber participado, presuntamente, en la supuesta asignación irregular del título de abogado al congresista Julián Bedoya.

Los otros dos procesados son Juan Felipe Hernández, quien laboró como subsecretario general entre el 13 de junio de 2012 y el 23 de febrero de 2020, y Esperanza Restrepo Buriticá, exsecretaria general que avaló el primero de marzo de 2019 el cuestionado diploma universitario del senador.

Los hechos que detonaron la medida se remontan a 2019, cuando dos personas alertaron a las autoridades sobre una serie de inconsistencias que habrían tenido lugar al interior de la Universidad de Medellín a la hora de otorgar los títulos de pregrado, al parecer, sin cumplir con las normas estatutarias y reglamentarias.

Un mes después de conocer la denuncia, se realizó una visita de inspección y vigilancia a las instalaciones del campus, donde se cotejaron folios con el fin de verificar si el congresista superó todas las exigencias para ostentar la tarjeta profesional, tal como lo exige la normativa.

La conclusión preliminar de esa revisión hizo estruendo en el país: “Presuntamente, la Universidad de Medellín otorgó el título de abogado (…) sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas internas de la institución -vigentes y aplicables al momento del último reingreso registrado en la hoja de vida académica del estudiante (…) al programa de derecho-”, se lee en el expediente.

Con base en la información recolectada por los investigadores y los denunciantes, en 2020 se abrió una indagación administrativa contra el representante legal de la Universidad y todos los funcionarios que hubieran estado involucradas en la administración y control durante el período que es materia de estudio.

Fue en diciembre de 2021 cuando se formularon los cargos contra los tres exempleados del centro universitario y, recientemente, los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior aprobaron con unanimidad la propuesta de sanción a imponer a cada uno de los investigados.

En lo particular, el despacho halló que las supuestas irregularidades que vinculan el nombre del congresista Julián Bedoya se presentaron desde el 2014, cuando se dio su reingreso al pregrado y se prolongó hasta el 2019, cuando se le entregó el título sin cumplir con todos los requisitos de grado.

“Teniendo en cuenta lo anterior, la inhabilidad se impondrá por el término de 5 años, período en el cual actuaron sin la debida prudencia y diligencia en el ejercicio de sus funciones, defraudando la confianza pública que el Estado depositó en ellos para formar adecuada e integralmente a sus educandos, lo que derivó en la configuración de la falta que aquí se investigó”, escribió el despacho.

En el proceso, los investigados tuvieron la oportunidad de generar descargos donde presentaron los argumentos para contrariar los hallazgos, pero fueron desestimados. Ahora bien, frente a esta determinación, los sancionados podrán hacer uso del derecho al recurso de reposición.

A raíz de la situación, en abril de 2021 el senador Julián Bedoya perdió el título de abogado luego de que la institución decidiera anular el proceso de matrícula al reconocer que no dio los pasos necesarios para recibir el cartón en 2019, dando razón a las denuncias. No obstante, él refutó la decisión con una acción de tutela que interpuso ante la Corte Constitucional.

Por otro lado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia adelanta las investigaciones contra el congresista por falsedad en documento público, privado y fraude procesal.