Los internos de la cárcel Villa Inés, ubicada en el corregimiento El Reposo, en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño, anunciaron que se declararían en huelga de hambre si la Secretaría de Salud de este municipio establece una cuarentena, debido a un brote de varicela que padecen desde hace cinco meses. En este momento presentan tres casos en el centro carcelario.
Ante esta situación, uno de los internos, a quien le reservamos su identidad, contó que las autoridades de salud del departamento les quieren hacer ver esta problemática como algo mortal. Anuncian una huelga de hambre por las restricciones para recibir visitas familiares, después de vivir también una cuarentena por cuenta de la pandemia.
“Nos parece injusto que aparte de que aíslan a nuestros compañeros, los cuales salen contagiados con varicela, aíslen también a todos los compañeros que estamos sanos, quitándonos nuestras visitas, que es lo más importante para nosotros. Para todo interno nuestra familia es el ente central. Desde hace cinco meses tenemos esta situación, cuando en años pasados hemos tenido también varicela y simplemente aislaban al interno y los patios seguían iguales bajo unas medidas restrictivas, con prohibición de menores de edad, mayores adultos y mujeres en embarazo”, sostuvo uno de los internos.
Frente a esta situación, Aracellys Castro, secretaria de Salud de Apartadó, le contó a SEMANA que es una problemática que están atendiendo bajo los parámetros del Instituto Nacional de Salud, por lo tanto, esperan tomar nuevas estrategias en una reunión con delegados de la Gobernación de Antioquia. Por ahora seguirán con medidas de autocuidado con el personal de salud de la cárcel.
“El aislamiento se anunció por orden del Instituto Nacional de Salud, debido a que esta semana se conocieron otros tres casos de varicela. Esta cárcel sufre las consecuencias del hacinamiento, como lo viven muchas más en el país. Por lo tanto, se tomó la medida. Estamos esperando nuevos lineamientos por medio de una reunión con diferentes funcionarios, donde se determinará que pasará con la población”, sostuvo Castro.
Agregó que ya habló con el representante de derechos humanos de los internos de la cárcel para que estén tranquilos y puedan seguir los lineamientos por el bien de toda esta población que se encuentra en riesgo, debido al hacinamiento en el que se encuentran.
Y es que la Defensoría del Pueblo regional Antioquia, había afirmado en meses anteriores que el departamento supera el 48 % de hacinamiento y solo el Valle de Aburrá el 240 %. Otra de las problemáticas que han tenido en las cárceles del país es la dificultad en la alimentación y la infraestructura física de estas.
Hacinamiento en estación de Policía de Bello
La aglomeración de detenidos en las estaciones de Policía del Valle de Aburrá cada día es más preocupante. Donde caben 20, puede haber hasta 150 personas. Esta vez, se han conocido videos en redes sociales de la Estación de Policía de Bello, donde el hacinamiento se ha convertido en una delicada problemática de salubridad para esta población.
Bernardo García, personero de Bello, contó que frente a esta situación presentaron una solicitud ante el Tribunal Superior de Medellín y ganaron una tutela en segunda instancia para trasladar a algunos detenidos e intervenir las condiciones en la que están estas personas.
“Es muy satisfactorio la decisión tomada por el Tribunal de Medellín, donde reitera y garantiza los derechos de las personas privadas de la libertad. Es un logro para ellos, para sus familias y donde ratifica el compromiso de la Personería de Bello por las personas privadas de la libertad. En esta decisión trascendental, reiteró el compromiso y ordenó a las entidades territoriales en garantizar los derechos fundamentales a la salud, a un espacio libre de hacinamiento, a la alimentación y a la posibilidad que tengan de pasar una noche en un lugar dignamente. Desde nuestra personería estaremos vigilantes, para que lo ordenado en la acción de tutela, sea cumplido por las entidades correspondientes al pie de la letra”, sostuvo García.
Así las cosas, a la Policía Metropolitana exigieron que en el término de ocho días hábiles se realice el traslado correspondiente de las personas a las que se haya concedido la detención domiciliaria. Además, tras este fallo le ordenaron al Inpec que en el término de 30 días asigne un centro de reclusión del departamento para la distribución de estas personas.
Esta situación no solo se vive en este municipio. En Medellín, la Personería volvió a encender las alarmas por las condiciones críticas en las que se encuentra la población privada de la libertad en la capital de Antioquia. De acuerdo con los análisis adelantados en los últimos días, el hacinamiento en los centros de detención transitoria supera el 800 % de su capacidad.