180 familias se apoderaron de un terreno ajeno hace 30 años en Necoclí. Si bien un juez solicitó desalojar la propiedad, en cinco oportunidades no se ha podido cumplir la orden a razón de que la comunidad se niega a abandonar las viviendas que construyeron.
Las 40 hectáreas están ubicadas en el corregimiento El Totumo de esta población del Urabá antioqueño. Los ocupantes se empezaron a resguardar en la finca Bella Vista desde 1992. Al principio, se contaban con los dedos de las manos. Hoy se multiplicaron.
Las personas que figuran como titulares de la tierra la están reclamando insistentemente. Aunque una decisión judicial está de por medio, la Policía Nacional ha sido frenada para ejecutarla a razón de que los invasores obstaculizan los operativos.
El más reciente intento para recuperar el predio tuvo lugar este primero de noviembre. Todas las unidades de la institución se enfilaron para hacer cumplir al pie de la letra la petición de un juez: sacar a las familias que están dentro de Bella Vista.
Una vez se corrió el rumor de la presencia de la Fuerza Pública, los campesinos abandonaron sus actividades y armaron un bloque con el fin de cerrarles el paso a los uniformados. Por aire y tierra se monitoreó la situación que terminó en enfrentamientos.
En imágenes registradas en las redes sociales, se observa a los manifestantes con palos en las manos mientras los lanzan sobre los escudos de protección de los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), hoy nombrado Unidad Nacional de Diálogo.
De acuerdo con el reporte emitido por la Policía Nacional, en medio de la confrontación, un uniformado resultó herido y otra persona fue capturada por agredir a las unidades que estaban en el terreno en el cumplimiento de la orden judicial.
“Después de 28 horas de estar realizando el acompañado al juez de restitución de tierra, damos un balance de un funcionario lesionado. Vamos a continuar garantizando la seguridad para que se desarrolle con plenas garantías este procedimiento”, dijo la Policía.
Pero la voluntad de los campesinos no es salir del predio. Uno de los que le está haciendo contrapeso al fallo es Hoover Acosta. Hace seis años llegó a la finca Bella Vista. Armó una vivienda para sus padres, tres hermanos y su compañera sentimental.
“En este momento no es claro quién tiene que salir del predio. Lo único cierto es que la comunidad no quiere que nadie salga y así lo vamos a luchar. Todos somos víctimas del conflicto y merecemos un hogar digno para vivir”, dijo el campesino de Necoclí.
Ante la alteración del orden público que suscitó la orden de desalojo por parte de un juzgado de la región, las autoridades resolvieron crear una mesa de diálogo con el fin de resolver pacíficamente el conflicto que hoy los tiene en dos bandos diferentes.
A la conversación se unieron representantes del Gobierno nacional, departamental y local. También la Defensoría del Pueblo y la Personería de este municipio, dado que los derechos de las personas que están siendo objeto del desalojo podrían estar en riesgo.
Mientras los uniformados insisten en el desalojo, otra porción de las familias que tienen que evacuar la zona están justificando su presencia con un documento de compraventa que daría cuenta de que la tierra fue adquirida en el pasado por ellas.
No obstante, el papel no tiene efecto a razón de que sujetos inescrupulosos comercializaron la tierra de manera ilegal, dado que no tenían el consentimiento de los propietarios de la finca para repartir ampliamente metros cuadrados.
La petición judicial es clara: en tres días tiene que estar desocupada la tierra. También la administración del municipio de Necoclí tiene la obligación de garantizar la reubicación de los desalojados, calificados por el juzgado como población vulnerable.
De igual manera, la Alcaldía deberá facilitar el retiro, trasladado y custodia de cada uno de los bienes muebles y enseres que serán removidos del predio esta semana, en dado caso de que se cumpla el fallo al pie de la letra y no suscite otro aplazamiento.