La Personería Distrital de Medellín anunció la apertura de una investigación para esclarecer las supuestas irregularidades que se habrían presentado en un millonario contrato de la administración de Daniel Quintero.
Las inconsistencias estarían en un proyecto celebrado entre la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y Megaproyecto Siglo XXI S.A.S., cuyo objetivo fue la construcción vial de Carabobo Norte. Así lo explicó la agencia del Ministerio Público:
“Las presuntas irregularidades investigadas se habrían presentado por la posible falta de planeación en el contrato, que tenía un valor inicial de $8.935.161.548 y se generaron dos adiciones presupuestales por $29.966.214.123″, dijo la entidad.
Además, se estudian tres ampliaciones que sumaron 352 días. Para ello, fueron llamados a rendir cuentas seis exfuncionarios de la EDU: tres exgerentes, un subgerente de proyectos y dos supervisores.
“Durante el trámite de la investigación, se les garantizará a los servidores públicos el derecho de defensa y el debido proceso”, agregó la Personería Distrital de Medellín en un comunicado dirigido a la opinión pública este viernes.
Una vez culminada esta etapa de estudio, el funcionario que instruye el proceso, con base en lo que ponga en evidencia el material probatorio recaudado, tomará la decisión de si archiva el caso o formula pliego de cargos.
Igualmente, una reunión del 8 de agosto de 2021 tiene contra las cuerdas en la Procuraduría al exsecretario de Inclusión Social de Medellín, Juan Pablo Ramírez, quien actualmente goza de un cargo directivo en el Gobierno nacional.
Aparentemente, él habría utilizado su posición para ejercer presión sobre sus subalternos para que respaldaran económicamente una causa política asociada a su jefe, Daniel Quintero.
Las posibles irregularidades salieron a la luz en un encuentro privado de hace tres años cuando, presuntamente, Ramírez habría incurrido en un posible proselitismo político.
Allí lo acompañaron los exsubsecretarios de Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín Correa (2021-2022), y de Gestión de Bienes de la alcaldía, Fredy Alfonso Agudelo Bolívar (2021).
La sospecha de la Procuraduría es que “pidieron un aporte en dinero, que oscilaba entre los 300.000 pesos y un millón de pesos a los servidores públicos presentes como membresía para pertenecer a la corporación ‘El futuro se parece a nosotros’”.
La interpretación de los investigadores es que, supuestamente, Ramírez se habría valido de su mando para ejercer una fuerza determinadora orientada a conseguir plata para esa organización y así respaldar proyectos políticos.
El Ministerio Público también cuestiona que él habría quebrantado sus deberes funcionales, pues el objetivo de su cargo y sus funcionares no contemplaban impulsar organizaciones de carácter particular ni su promoción, como tampoco fomentar el aporte.
“Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta actuación de los investigados como una falta gravísima cometida a título de dolo. El entonces secretario Ramírez Álvarez fue afectado con dos cargos disciplinarios”, dijo la entidad.