La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad ordenó prorrogar las medidas cautelares adoptadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los cementerios La Dolorosa y Estación Las Virginias, ubicados en Puerto Berrío, Antioquia.
Estas medidas fueron prorrogadas por un año más con el fin de continuar con la identificación de cuerpos. Esta orden se produce en el marco de las acciones que la JEP ha estado llevando a cabo para identificar a las posibles víctimas que pudieran estar en dichos osarios.
Además, el tribunal de paz ordenó la realización de jornadas masivas de toma de muestras genéticas, entrevistas sobre las personas dadas por desaparecidas y la recopilación de información que pueda dar luces sobre los cuerpos inhumados sin orden judicial en estos cementerios.
Las jornadas de toma de muestras genéticas y entrevistas deberán realizarse en Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Salgar, Puerto Triunfo y Puerto Boyacá. La Justicia Especial pidió a los alcaldes y a los personeros de estos municipios que participen en las jornadas de atención integral con las víctimas, ya que en estos puntos geográficos pudieron haber sido arrojadas víctimas al río Magdalena.
Las jornadas serán coordinadas entre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y Medicina Legal, y contarán con la asistencia de la Unidad de Víctimas, la Procuraduría General de la Nación y la JEP. Se llevarán a cabo convocatorias públicas y masivas para garantizar la máxima participación y atención de las víctimas.
Tras dos años y medio de arduo trabajo, las primeras órdenes y acciones judiciales adoptadas por la JEP permitieron la recuperación de 167 cuerpos de posibles víctimas en el cementerio La Dolorosa. Estos cuerpos están ahora en manos de Medicina Legal para su debida identificación.
JEP ordena a gobernadores proteger cementerios
En febrero pasado, la JEP le había ordenado a los gobernadores de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca para que cumplieran con un auto emitido por la justicia transicional en noviembre de 2022, que les ordena la protección de diferentes puntos de interés forense ubicados en los cementerios de cada uno de sus departamentos, en donde podría haber cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado.
Las medidas cautelares desde el año pasado, para estos 27 cementerios, fueron ordenadas en respuesta a una solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), para proteger los lugares donde se presume la existencia de cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados de víctimas de desaparición forzada, a la cual se sumó el Colectivo Orlando Fals Borda.
Precisamente, para dar cumplimiento a lo ordenado por la Sección para Casos de Ausencia de Reconocimiento, la JEP inició labores junto con miembros de la Fiscalía General de exploración y exhumación de posibles víctimas del conflicto armado que estarían en los cementerios Jesús María Estrada en Marsella, Risaralda, y El Carmelo, en Salento, Quindío.
En el cementerio Jesús María Estrada de Marsella, la Fiscalía exhumó cuatro cuerpos, mientras que las labores que se adelantan en el cementerio El Carmelo corren por cuenta de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
“En el cementerio Jesús María Estrada de Marsella se tiene información sobre la inhumación de al menos 553 cuerpos no identificados que llegaron por el río Cauca desde 1982, incluidas víctimas de la masacre de Trujillo, Valle. La JEP caracterizó el cementerio y señaló la existencia de 170 puntos de interés forense”, indicó entonces la Jurisdicción Especial en un comunicado.
Las labores de exhumación de la Fiscalía son adelantadas por el Grupo de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) y el de la Unidad de Investigación y Acusación por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef).
Para garantizar la protección de los cuerpos de personas que no fueron identificadas e inhumadas en cementerios y fosas comunes, el Movice le solicitó a la JEP adoptar medidas cautelares en varias regiones del país para la protección de los cuerpos. Por ello, las acciones que adelanta la JEP en los cementerios de Risaralda y Quindío, donde adoptó medidas cautelares.