El Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia rompió el silencio frente a los beneficios judiciales que está tramitando el Gobierno nacional a favor de los gestores de paz que hoy se encuentran detenidos en los centros carcelarios de Colombia por supuestos delitos y estragos que habrían protagonizado en el marco de las manifestaciones sociales.

Por medio de un comunicado dirigido a la opinión pública, la asociación que une a los servidores la rama judicial en este departamento dejó por sentado la preocupación que les genera la comisión que armó en los últimos días el presidente Gustavo Petro para excarcelar a los ciudadanos que son procesados por serias faltas a la normativa.

Se refiere al grupo que integran tres ministros y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Mauricio Lizcano, que están barajando los nombres de las personas de la primera línea que podrían salir de los penales con el propósito de que se unan a la construcción de paz que está impulsando el mandatario.

En primer lugar, expresa que con esta posibilidad el Gobierno nacional se estaría entrometiendo en las decisiones del poder judicial frente a los ciudadanos que están siendo investigados. Es decir, se podría estar suplantando la función de los jueces e irrespetando la división de poderes que está regulada en la Constitución Política.

Esta posición “se suma a las voces de altos dignatarios del poder judicial, como los doctores Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Francisco Barbosa Delgado, fiscal general de la Nación; y Margarita Cabello Blanco, procuradora general de la Nación, quienes advierten sobre los riesgos”, escribió el gremio.

Los integrantes del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia citan que el decreto 2422 del 9 de diciembre de 2022 por medio del cual se creó la comisión intersectorial para la promoción de la paz, reconciliación y participación ciudadana interviene en las directrices que se han adoptado en el marco de los procesos penales que están en desarrollo.

En consecuencia, desde esta región del país le pidieron al presidente Gustavo Petro respetar la independencia judicial que, en palabras de la asociación, ha sido compleja de sostener por los diferentes ataques que sufrió la rama en el pasado. Varios togados fueron asesinados por marcar una condena y funcionarios de la Fiscalía por investigar.

“Exhortamos al ejecutivo nacional, en cabeza del señor presidente, a respetar el bastión de la justicia que con resiliencia ha sobrevivido a graves embates en la historia reciente de nuestro país, para que deponga acciones de avasallamiento y menosprecio, so pena de encarar consecuencias que la sociedad y el orden legal le demanden”, agregaron.

Sin embargo, el gremio no rechaza el camino hacia la reconciliación que impulsa el Gobierno nacional, pero sus miembros creen que se deben buscar otras alternativas que no vayan en contra de los procesos constitucionales a razón de que la excarcelación de los gestores de paz es considerada como un atropellamiento a sus propias decisiones.

El presidente Gustavo Petro, en conversación con Vicky Dávila, respondió que el proceso que está adelantando no es ilegal. Al contrario, la ley le permite nombrar gestores de paz, tal como lo hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando sacó de las rejas a la cabecilla de las Farc alias Karina, quien se entregó en Antioquia, para cumplir las mismas funciones.

“Lo que pasa es que la propuesta hizo pensar que nosotros íbamos a meternos en el proceso judicial y a sacar a la gente de la cárcel rompiendo los procesos judiciales. Para nada. Es igualito que cuando Uribe sacó de la cárcel a Karina. La nombró gestora de paz. Y así con varios. El procedimiento es igualito”, aseguró el mandatario de los colombianos.