El Juzgado Tercero Civil del municipio de Rionegro, Antioquia, ordenó el arresto domiciliario del alcalde Rodrigo Hernández por no cumplir con un fallo de tutela. La administración respondió a la decisión.
La medida se redujo a un día y a una multa de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes tras no llevar a cabo las acciones necesarias para mitigar los riesgos de inundaciones en Los Alpes de San Antonio de Pereira.
El mandatario anticipó que acatará la determinación por ser la máxima autoridad administrativa en el municipio, frente al incumplimiento de actividades de la Secretaría de Hábitat.
“Asumo y respeto las decisiones del juez y acojo a lo que dicta la justicia, esperando que, prontamente, esta situación se solucione de manera efectiva”, manifestó Rodrigo Hernández.
Sin embargo, recordó que la entidad sí está realizando actividades presupuestales y técnicas para prevenir emergencias que sigan alterando la tranquilidad de los habitantes de Los Alpes.
A juicio del alcalde, estas acciones “requieren tiempo y dedicación para ser culminadas y solucionadas definitivamente”.
Imponen multa al alcalde Daniel Quintero por no recuperar el Bronx de Medellín
El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó una multa para el alcalde de Medellín y otros funcionarios por incumplir una orden judicial de 2022 donde se les exigió recuperar el sector donde se instaló el ‘Bronx’ de Medellín, una invasión de habitantes en condición de calle y consumidores de estupefacientes que atormenta a los vecinos del barrio.
Hace quince meses, varias entidades fueron llamadas por la justicia para que lideraran un ‘plan integral focalizado’ con el fin de frenar la vulneración de los derechos colectivos en la zona comprendida entre la carrera 54 y las calles 54 a 57, dado que hay serios problemas de seguridad y salubridad, entre otros escenarios amparados por los magistrados.
Se pidió “identificar el perfil de la población, nivel académico, condiciones de salud, género, edades, pertenencia étnica, nacionalidad, entre otros determinantes sociales, que pueden contribuir a determinar cuáles son las medidas y estrategias que se puedan adoptar para invitarlos a que se acojan a la oferta pública existente para atender sus necesidades”.
A esa tarea fueron llamados la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las Empresas Varias de Medellín y la Fiscalía General de la Nación, quienes recibieron el ultimátum de cuatro meses para darle respuesta a las preocupaciones de la comunidad que residen en las inmediaciones del Bronx.
Sin embargo, superado este tiempo y recopilado varias pruebas, el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que las instituciones no han cumplido con el fallo de 2022 y multó con el pago de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes al alcalde Daniel Quintero; a Isabel Cadavid, secretaria de Inclusión Social; y a Martha Ciro, coordinadora del ICBF.
Así lo justificaron los magistrados: “La sala resalta la mora en que incurre el municipio de Medellín, lo cual permite inferir que no se ha dado cumplimiento al fallo, a pesar de que han transcurrido quince meses sin que haya finiquitado el plan focalizado que brinde una solución articulada y de fondo a la vulneración de derechos colectivos”.
Aunque reconocieron que se han adelantado varias tareas, no estarían siendo suficientes. En medio de las diligencias, la administración distrital les aseguró que trabaja para cumplir con la decisión judicial y advirtió que el proceso ha tenido algunas falencias de cara a las exigencias del fallo, pero los funcionarios estarían corrigiendo los vacíos.