En algunos barrios de la capital de Antioquia los vecinos prefieren que las organizaciones delincuenciales ejerzan el control del territorio que las entidades del Estado, así lo evidenciaron los funcionarios de la Personería de Medellín en un recorrido por las comunas y corregimientos del distrito. Los hallazgos del estudio son escandalosos.

La desconfianza que pesa sobre varias instituciones ha llevado a las personas a buscar justicia en los “muchachos del barrio”, sustantivo acuñado por las comunidades para referirse a los integrantes de los grupos ilegales que acumulan el poder en las zonas urbanas de las ciudades. En varios sectores de Medellín están definiendo la ley.

El argumento más utilizado por los entrevistados da cuenta de que los combos son más ágiles para resolver los conflictos que nacen en las cuadras, frente a los procedimientos que adelantan las autoridades judiciales. En sitios específicos de Medellín, en cuestión de minutos, se toma partido en problemas de violencia intrafamiliar, hurtos y otros delitos.

De acuerdo con el personero del distrito, William Yeffer Vivas Lloreda, los protagonistas de las riñas son presentados ante los integrantes de las organizaciones delincuenciales como si se tratara de un tribunal de juzgamiento. En la primera audiencia ponen a hablar a las partes involucradas y, más tarde, dictan sentencia con base en su rigor de culpabilidad.

“Los muchachos del barrio le imponen una penitencia al que consideran que ha sido el victimario de esa conducta que fue puesta en conocimiento de ellos. Le ponen a hacer trabajo social y alguna actividad. Esto viene ocurriendo con mucha frecuencia. Nosotros lo identificamos en 2020 y 2021″, anunció el representante del Ministerio Público.

Este escenario ya fue denunciado en la Policía Nacional, mientras que la administración de Medellín tiene en el radar los datos que identificó la Personería. A juicio de Vivas Lloreda, las situaciones que se vienen presentado en los barrios de la ciudad se deben enfrentar para eliminar las prácticas de mutación que están imponiendo las organizaciones ilegales.

Junto a esta práctica también están caminando otros recursos delictivos que las comunidades están normalizando. En la lista de la Personería aparece la exigencia de dinero a miembros de los sectores productivos. Si bien se ha alertado en los pasillos judiciales del Valle de Aburrá, en los barrios se convirtió parte del paisaje.

Por ejemplo, los vecinos aceptan sin tapujos que ceden ante las solicitudes económicas de los “muchachos del barrio” con el fin de que sostengan la seguridad en las esquinas con un modelo de vigilancia parecido al que implementa la fuerza pública. En las calles filtran a los desconocidos y a los sujetos que los podrían poner en riesgo.

“Existe alguna normalización de la ciudadanía a las activades de las bandas criminales. En las comunas de la ciudad, difícilmente, cuando le preguntas a la ciudadanía sobre bandas criminales, te dicen que existen, los llaman los muchachos del barrio. La extorsión ya es difícil de identificarla, manifiestan que paga cuotas de seguridad”, agregó el personero.

Al gremio de los transportadores de pasajeros los someten al cobro de dineros para poder operar y, además, les marcan la ruta sobre el sitio donde deben lavar los carros. Varios reportes del comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá explican que la oposición a las pretensiones significa una amenaza contra la integridad de las víctimas.

Mientras que los establecimientos comerciales están en la obligación de adquirir servicios y productos establecidos por los grupos ilegales. Según la Personería, en varias oportunidades dejan en firme las marcas que se pueden exhibir en las tiendas de los barrios, de eso también ha dado cuenta la fuerza pública.