Los grupos ilegales que delinquen en el departamento de Antioquia citaron a una reunión a varios gerentes de hospitales para instarlos a preparar un equipo que pudiera atender a heridos en combate de manera clandestina, pues esperaban un fuerte enfrentamiento. SEMANA conoció el testimonio de un asistente y lo que ha desencadenado la amenaza.
El encuentro fue en las montañas del nordeste. Entre tantas cosas, solicitaron tener disponible al personal sanitario para que se pudiera desplazar hacia las zonas de conflicto y mitigar los riesgos en lesionados por arma de fuego. Ellos no podrían acudir a los servicios de urgencias por las preguntas que tendrían que responderles a las autoridades.
Uno de los administradores que recibió el ultimátum, quien pidió omitir su nombre por seguridad, detalló que en la lista de pedidos estaba un médico y enfermeros para atender posibles los impactos de bala: “Dijeron que debía estar preparado porque se avecinaba un enfrentamiento entre el ELN y AGC. Entonces que debíamos tener al personal listo”.
Para sorpresa de los profesionales de la salud, estalló una nueva confrontación entre las dos estructuras delincuenciales. Desde el mes de febrero convirtieron al nordeste en un campo de batalla. Las autoridades judiciales no tienen un reporte del número de muertos, pero el Ministerio Público sospecha que hay 18 cadáveres con signos de violencia.
El Colegio Médico de Antioquia denunció que dos enfermeros han sido retenidos de manera ilegal para atender a pacientes en medio de las fuertes confrontaciones de los últimos días. Ambos habrían sido intimidados con armas de fuego para prestar el servicio en las zonas rurales, con pocas garantías para su cuidado y la salubridad de los enfermos.
Marta López (nombre cambiado) fue sacada de su vivienda por sujetos desconocidos a altas horas de la noche, luego de haber culminado su turno en un hospital de Antioquia. Le cubrieron los ojos con una tela, la montaron en una moto y recorrió 20 minutos sobre una trocha. Encontró en una cama los cuerpos heridos de dos menores de edad. Los hombres le dijeron que no le iba a pasar nada malo, solo necesitaban de su ayuda profesional. Ella respondió con temor que si había complicaciones tenían que ir a un centro médico.
Hicieron caso omiso. Uno de ellos guardaba un artefacto en una pierna y se vio en la necesidad de realizar una cirugía con los elementos que encontró en un botiquín. Mientras maniobraba con la lesión, diez sujetos no le quitaban la mirada de encima. Las manos, inundadas de sangre, le temblaban: “Yo constantemente les decía que no me fueran a hacer nada. Sentí bastante miedo porque pensé que me iban a matar”.
La operación duró cinco horas y la dejaron volver a su casa cuando estuvieron estables. El ultimátum que le dieron es que no podía dar cuenta de estos hechos ante las autoridades; por eso, ni la Policía Nacional ni la Fiscalía tienen en el radar la situación, tampoco cuentan con indicios del otro auxiliar de enfermería secuestrado en el nordeste.
El Colegio Médico de Antioquia aseguró que los especialistas están pasando por un momento crítico porque no tienen las garantías de seguridad para trabajar: “Los están obligando a prestar servicios de salud en medio de las confrontaciones armadas”.
De igual manera, los grupos armados les impusieron una extorsión a algunos centros hospitalarios de la subregión para tener tranquilidad. Al parecer, los principales emisores de las ‘vacunas’ serían los hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Con todo esto, en lo que va corrido de 2023, la Secretaría de Salud ya ha contabilizado 34 violaciones a la misión médica, con énfasis en los auxiliares de enfermería ubicados en el Bajo Cauca. En 2022 se presentaron 123 alertas por amenazas y agresiones.