Nora Lucía Álvarez Borrás, directora de la Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos, le dijo a SEMANA que tienen un expediente de más de 600 jóvenes asesinados entre 2016 y 2022 en Quibdó, Chocó.
Agradeció el apoyo de la comunidad para hacer un trabajo de acompañamiento psicosocial de acceso a la justicia a 74 madres, de las cuales se derivan 59 casos de personas jóvenes entre hombres y mujeres que cayeron por las balas de los sicarios.
Explicó que la cifra global de muertes violentas parte del seguimiento hecho a 171 casos este año que han sido informados a través de noticias, redes sociales y el acompañamiento comunitario que se hace con el equipo territorial en Quibdó. Acerca de los otros 585 aseguró que están documentados por la información recolectada por diferentes organizaciones de la sociedad civil y del trabajo con la ciudadanía.
Hizo claridad en que estos jóvenes no han desaparecido, sino que fueron asesinados, pero que las autoridades no les entregan ninguna información a las familias, a tal punto que desde su organización le han tenido que rogar a la Fiscalía General de la Nación para que les entregue a las madres los registros del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), que es el primer paso para pedir acceso a la justicia.
“Durante un año hemos estado interlocutando con la Fiscalía diciéndoles que no solamente no han hecho nada para esclarecer estos homicidios, sino que les niegan a las madres de las personas muertas un documento que por ley deben tener para saber en qué va su caso”, manifestó.
Lamentó el hecho de que se tengan registros de asesinatos ocurridos hace 10 años y que hasta ahora no se haya hecho absolutamente nada, además de las dificultades afrontan las progenitoras de las víctimas a quienes deben acompañar a la Fiscalía y luego ayudarlas a interponer derechos de petición para que les entreguen la documentación a la que tienen derecho.
El análisis de esta dramática situación les ha permitido determinar que estas 600 personas han sido asesinadas por acciones de sicariato en las calles de Quibdó en un período de 6 años, pero que se siguen considerando como hechos aislados y no como algo sistemático, lo cual demuestra la ausencia de presencia estatal en esa región.
“Los jóvenes en Chocó se exponen a una estructura de violencia histórica que no les permite estudiar en las universidades, a pesar del buen trabajo que hacen el Ministerio de Educación y la Secretaría del departamento para generar cupos suficientes, ya que no tienen las condiciones mínimas para vivir como alimentación, acceso a servicios públicos, vivienda y vestido, entre otros”, afirmó.
Dijo que al no poder acceder a la educación superior estos jóvenes son contactados por los grupos armados ilegales para cometer delitos, a lo cual no pueden negarse porque terminan siendo asesinados. Sin embargo, muchas de las víctimas de Quibdó no estaban vinculadas con pandillas ni tenían ningún tipo de vicio, sino que por accidente atravesaron alguna frontera invisible o fueron objeto de retaliaciones.
Se refirió, además, al drama que viven las familias de varias jóvenes mujeres que han sido asesinadas, quienes tenían alguna clase de relación sentimental con los sujetos vinculados a estos grupos criminales y terminaron siendo sus víctimas, ya que intentaron dejarlos en determinado momento o hicieron cuestionamientos a su accionar delincuencial.