Un juez avaló la detención de once menores de 18 años que serían miembros de una temida banda delincuencial que tendría a cargo el sicariato en el corregimiento El Manzanillo del municipio de Itagüí, Antioquia. Las acusaciones de la comunidad estarían sostenidas en los registros de las cámaras de seguridad de la zona.

Los jóvenes están vinculados como presuntos autores de los delitos de homicidios selectivos, lesiones personales, extorsiones, desplazamientos forzados, hurtos, tráfico de estupefacientes, y otras faltas que fueron respaldadas por la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad de esa localidad.

Aunque los misteriosos crímenes que estaban terminando con la tranquilidad de las veredas y barrios eran materia de investigación, un informante delató a los supuestos delincuentes, versión cotejada con los testimonios de algunas de las víctimas y testigos de las acciones criminales que estas personas habrían protagonizado.

Luego de un megaoperativo de allanamientos y registros que se extendieron por todo el corregimiento, un juzgado le impuso medida de internamiento privativo de la libertad en un centro transitorio destinado para menores de edad a ocho de los implicados. En el proceso aparecen alias Pirata, Juan Pablo, Cayo, Gregory, Moncho, Pipe y Gilber.

Según los cálculos del secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, si los delitos logran ser sostenidos en el camino del juicio, los imputados podrían asumir una condena que sumaría hasta ocho años de prisión que iniciarían a pagar en este tiempo y, cuando alcancen los 18 años, podrían ser enviados a un establecimiento carcelario.

“En Itagüí no permitiremos que ningún delincuente afecte la tranquilidad, integridad o vida de los ciudadanos, sin importar su condición. Estas acciones positivas se dan por el trabajo articulado entre las instituciones de seguridad y justicia, además de la confianza ciudadana con las autoridades”, comentó el funcionario del sur del Valle de Aburrá.

Hace algunos días, este municipio firmó un convenio con el Gobierno nacional por un valor superior a los 26 mil millones de pesos para la instalación de 300 nuevas cámaras -250 de videovigilancia fija y 50 con tecnología LPR-, además de las adecuaciones físicas necesarias para fortalecer su cobertura digital.

Paralelamente, un juez envió a la cárcel a un religioso de 43 años que abusó sexualmente de un menor de edad mientras estaba matriculado en un internado del municipio de la Estrella, población del sur del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Así lo señaló la Fiscalía General de la Nación en medio de un proceso penal que inició en 2020 luego de la denuncia de la familia.

El material probatorio da cuenta de que el seminarista, oriundo de Guatemala, cometió los delitos entre julio y agosto de ese mismo año, época en que el mundo estaba confinado por la alta presión que hubo en los sistemas de salud por cuenta de la pandemia de covid-19. Ante la soledad del momento, violentó a un niño de 12 años.

“Las evidencias recaudadas dan cuenta de que Gutiérrez Galicia aprovechó su condición de seminarista y formador para ingresar al dormitorio de la víctima y cometer actos contra la formación e integridad sexual del menor de edad”, reveló el director de la Fiscalía en Antioquia, Ricardo Romero Moreno.

Luego de evaluar las pruebas que aportó el ente de acusación, un juez penal del circuito de Itagüí condenó al religioso a nueve años y dos meses de prisión al ciudadano guatemalteco que, de momento, no se ha dado claridad si cumplirá su pena en los centros carcelarios de Colombia o de su país de origen.

Lo establecido es que podrá refutar los argumentos que llevaron al juzgado a tomar la decisión, dado que la medida es de primera instancia, él podrá hacer uso de los recursos disponibles en la ley.