El Tribunal Administrativo de Antioquia le dio primeros auxilios al proceso de revocatoria que se tramita contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Aunque está dado por muerto en los estrados judiciales, una decisión podría llevar a los habitantes de la ciudad a las urnas para definir el futuro del mandatario del distrito.

En una acción de cumplimiento firmada por los magistrados Daniel Montero Betancur, Susana Nelly Acosta Prada y Jorge León Arango Franco, se le ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil que emita un concepto definitivo sobre el estado contable del comité que promovió la iniciativa, frenado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En dado caso de que los documentos reciban el visto bueno por parte de la entidad, la Registraduría tendría la obligación de convocar al presidente Gustavo Petro para que le ponga una fecha a la elección en la capital de Antioquia para que los ciudadanos refrenden la gestión del alcalde. Ese fallo se debe emitir en el transcurso de los próximos ocho días.

Sin embargo, la Registraduría alegó que no puede emitir esa certificación porque estaría emitiendo un juicio en contra de la ley a razón de que la oficina encargada de realizar esa expedición es el Fondo de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral, que se ha negado a entregar el aval por supuestas irregularidades que habría en la contabilidad.

Pero el Tribunal Administrativo de Antioquia señaló que no se debe esperar el concepto del CNE para continuar con el trámite del proceso de la revocatoria, tal como lo han alegado en los pasillos judiciales los promotores de la iniciativa desde el primer semestre de este año. Así quedó reseñado en la acción de cumplimiento de este 9 de noviembre:

“La Registraduría Nacional del Estado Civil no debe supeditar la actuación a lo que decida el Concejo Nacional Electoral al respecto”, se lee en el documento donde se contrarió los argumentos presentados por las funcionarias que se han negado a darle trámite al proceso mientras esperan la lectura de los magistrados que integran el Fondo de Financiación.

Así las cosas, en un fallo de cinco puntos se ordenó continuar con el proceso de formalización de la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, si así lo indica el análisis de los estados contables que realice la Registraduría, no la evaluación propia que está en firme en las oficinas del Consejo Nacional Electoral.

Pero en la financiación de la recolección de las firmas hay serias dudas. El CNE advirtió que en los estados contables no figuran la totalidad de los aportes en dinero o especie que cada persona natural o jurídica realizaron durante la campaña, lo que podría configurar una violación a las normas establecidas para adelantar este proceso.

El material probatorio recopilado pondría en evidencia una supuesta violación de los topes permitidos para la recolección de apoyos ciudadanos. En consecuencia, no se emitió el concepto en la sala del Fondo de Financiación y se ordenó abrir un proceso de investigación con el objetivo de esclarecer los dineros que fueron invertidos.

La lupa del Consejo Nacional Electoral se puso sobre Andrés Felipe Rodríguez Puerta, Jorge Alejandro Posada Jaramillo, Luis Alfonso García Carmona, Jaime Gonzalo Torres Ojeda, Julio Enrique González Villa. También la persona que tuvo a cargo la contabilidad del proceso de la revocatoria contra Quintero Calle, Raúl Bautista Quiroga.

Ahora bien, una vez se conoció la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, las personas que impulsan la revocatoria dieron por hecho que los estados contables serán aprobados: “Siempre dijimos, nosotros hicimos las cosas bien. La Registraduría tiene 8 días para informarle a Gustavo Petro para que llame a elecciones”, dijo Rodríguez Puerta.