La Defensoría del Pueblo le pidió al gobierno intervenir urgentemente en el Bajo Cauca antioqueño tras la ola de violencia desmedida que azota esta zona y el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos y al DIH en contra de la población civil.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtió que “es urgente que el Gobierno tome acciones con enfoque de derechos humanos para detener esta violencia. También les solicitó a las autoridades nacionales y locales tomar medidas para garantizar la seguridad de las comunidades de la región”.
A la Defensoría del Pueblo le preocupa la sevicia utilizada por los grupos armados delincuenciales que se disputan el control territorial. Según los reportes recogidos, en agosto se presentó la masacre de tres jóvenes, decapitaciones, asesinatos selectivos y desapariciones. Incluso, se conoce el caso de un joven que fue sacado del colegio y posteriormente fue encontrado muerto.
A estos hechos se suma que desde el mes de agosto se han presentado más de 100 desplazamientos individuales y existe un alto riesgo de reclutamiento forzado contra niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales.
“Existe un nuevo ciclo de degradación de la violencia en la región, en la que los grupos armados delincuenciales buscan generar pánico en la población. En la actualidad, los municipios más afectados son el Bagre y Caucasia, pero el conflicto puede escalar a Tarazá, Cáceres y Nechí”, señaló el defensor del pueblo.
Al borde del río Nechí no es un secreto el enfrentamiento a muerte que sostienen los integrantes de los Caparros frente a los del Clan del Golfo por el control territorial. Aunque en el pasado fueron buenos amigos, hoy se reconocen como férreos enemigos que no pueden pisar el mismo suelo de la delincuencia.
La frontera invisible está puesta sobre el corregimiento Cuturú de Caucasia y las veredas de Puerto Claver en El Bagre. Las unidades de inteligencia de la Policía Nacional reconocen que ambos bandos están en un tire y afloje violento por acaparar extorsiones, minería ilegal y tráfico de estupefacientes en las zonas urbanas y rurales de la subregión.
En las últimas tres semanas se ha presentado un incremento en los homicidios selectivos y desplazamientos, asociados a las confrontaciones armadas. Con base en los índices de la institución, hasta agosto, ambas poblaciones sumaron 53 muertes violentas. Recientemente, se reportaron dos homicidios múltiples y un cadáver decapitado.
Los números que están más frescos estarían relacionados con la salida de la cárcel de alias Negro Cristián, el supuesto fundador de los Caparros, que fue cobijado el pasado 17 de agosto con una medida de aseguramiento en su residencia por orden de un juzgado de Antioquia, después de haber estado en una cárcel desde el 6 de noviembre de 2019.
Desde 2018, la Defensoría del Pueblo ha emitido un total de seis alertas tempranas para la región del Bajo Cauca. De estas, cinco han sido de inminencia y una estructural. En la actualidad se encuentra vigente la Alerta Temprana 045-2020, en la cual se advierte el riesgo para la población civil por las acciones de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo, Los Caparros, el ELN y las disidencias de las Farc.
Grupo armado restringe movilidad por los ríos del Bajo Cauca antioqueño
Las organizaciones delincuenciales que sostienen el poder en los municipios del Bajo Cauca antioqueño emitieron restricciones en la subregión para contener la expansión de otros actores armados.
En las últimas horas, campesinos del municipio de Zaragoza denunciaron que el Clan del Golfo no permite el flujo de embarcaciones por el río Nechí.
La alerta se lee que las medidas están activas desde el 16 de septiembre y cobija los corregimientos que están al margen de este afluente, que se extiende por el terreno que está en disputa entre los hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como también se hace llamar el Clan del Golfo, y los integrantes de los Caparros.
Aunque las imposiciones han circulado exclusivamente en las redes sociales y han contado con la ejecución de las comunidades ante el temor de caer en las manos de los ilegales, el Ejército Nacional advirtió que la zona está asegurada por las unidades de la Séptima División y no hay razones para frenar la circulación de los civiles.
De acuerdo con la información suministrada por los líderes de Zaragoza, el transporte fluvial es el medio más utilizado por las personas que están ubicadas en los corregimientos de Carcón y Anorí. De igual manera, facilita la conexión comercial entre este municipio y Nechí, minados por los grupos delincuenciales que producen el narcotráfico y oro.