En una reciente declaración, el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, expresó su rechazo al nombramiento de 18 personas vinculadas a grupos paramilitares como “gestores de paz”, una decisión que calificó como una premisa equivocada por parte del Gobierno nacional. Rendón cuestionó la política de perdón y reincidencia en la que, según él, se está basando la actual administración para consolidar la paz en Colombia.
“El Gobierno nacional sigue haciendo eco de una premisa equivocada: creer que la paz se construye con temporizadores, con el crimen y dándole nuevas oportunidades a aquellos que han demostrado muy poco respeto por las instituciones, por la ley y por los principios que se debieron consagrar en los procesos de justicia transicional”, afirmó Rendón.
El mandatario de Antioquia expresó que el nombramiento de estos individuos como gestores de paz es un error, ya que, según él, no han cumplido con los principios fundamentales del proceso de paz: “No ha habido verdad, no ha habido justicia, porque estos actores aún tienen por delante muchos años de cárcel por los crímenes que cometieron”, explicó.
Además, el gobernador resaltó que los paramilitares a quienes se les ha dado este rol no han demostrado un compromiso real con la reparación a las víctimas. “Son innumerables los casos en los que queda evidenciado que estos individuos han burlado el proceso de reparación, manteniendo en secreto los bienes ilícitos que adquirieron mediante su accionar delictivo”, agregó.
Rendón comparó esta decisión con las prácticas de los tiempos de Pablo Escobar, señalando que si el narcotraficante estuviera vivo, probablemente también habría sido considerado para el cargo de gestor de paz. “Cuando uno ve esta decisión, se le viene a la mente lo que fueron las épocas aciagas de Pablo Escobar, y estoy seguro de que si él viviera, este gobierno también lo hubiera nombrado gestor de paz”, expresó.
El gobernador también pidió al comandante de la Policía y al alcalde de Medellín una respuesta sobre las estrategias implementadas para evitar que prácticas relacionadas con el crimen organizado se expandan a otras zonas del municipio, especialmente entre la población joven.
“Es crucial que trabajemos de manera conjunta, no solo con las fuerzas del orden, sino también con las comunidades, para evitar que estos grupos se reproduzcan y contaminen a nuevas generaciones”, concluyó.
Esta polémica declaración se enmarca en un debate más amplio sobre la efectividad de la política de paz del Gobierno nacional, que ha generado división entre sectores que apoyan la reintegración de los excombatientes y aquellos que consideran que aún falta un verdadero compromiso con la justicia y las víctimas.